Durante una rueda de prensa, Guaidó ha señalado que no se trata de un simple caso de corrupción, por lo que llevará el asunto a la AN mientras se investigan las acusaciones expuestas en un artículo del portal Armando.info.

"Tal como lo anunció el diputado José Guerra. A partir de ese momento, iniciamos una investigación que fue atando cabos hasta llegar a unos nombres y un modus operandi específico. Nombres que fueron cruzados con los elementos de la investigación que ha salido el día de hoy, nos ha permitido atar cabos", ha aseverado.

Asimismo, ha acusado al "régimen de Maduro, a través de Alex Saab y Raúl Gorrín, de captar a algunos de los diputados que están señalados en esta investigación para iniciar una operación de plata o plomo", según ha informado el diario local 'El Nacional'.

"Esto para impedir mi ratificación como presidente del Parlamento y por ende presidente encargado de Venezuela, el próximo 5 de enero", ha subrayado antes de aclarar que "han contactado, amenazado y extorsionado a varios diputados en un hotel capitalino ofreciéndoles 1 millón de dólares pagados en dos partes, ofreciéndoles también amenazas a quienes no aceptan caer en ese sucio mecanismo".

El líder opositor ha aprovechado la ocasión para recalcar que la investigación se encuentra en curso y ha alertado al país de que existe una "conspiración" para mantener a Maduro en el poder. "Seguiremos tomando medidas y profundizando la investigación. Aunque hoy no puedo dar todos los nombres sí puedo garantizarles que a día de hoy está mas firme que nunca la unidad de la mayoría honesta del Parlamento", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que "no se trata solamente de exculpar a unos corruptos y ensuciar al Parlamento". "Lo que realmente está detrás es que este fue el mecanismo usado por la dictadura para penetrar en el Parlamento e iniciar un complot que busca amenazar y comprar diputados de cara al 5 de enero", ha manifestado.

LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Según las informaciones, los diputados, la mayoría de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, habrían realizado gestiones para el empresario Carlos Lizcano, vinculado al programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) utilizado por el Gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados y que ha estado en el foco de denuncias de corrupción durante los últimos años.

El reportaje afirma que los diputados se estarían "prestando (...) para hacer por encargo gestiones informales ante organismos de la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos" para que dichos organismos "absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido".

Armando.info detalló que desde inicios de 2018 "se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negocios (...) de importaciones para los combos CLAP", en la cual participaron diputados opositores, "algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría" de la AN.

El reportaje explica cómo "un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición" liderado por Luis Parra, miembro del partido Primero Justicia (PJ), se movilizaron internacionalmente a favor de los empresarios colombianos.

En ese sentido, según las informaciones, el pasado 11 de noviembre el grupo de diputados acudió a la Fiscalía General de Colombia para entregar una carta que "exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación con Alex Saab", este último acusado en el vecino país por evasión de impuestos durante 2018 y sancionado en julio de este año por Estados Unidos debido a su "participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los CLAP".

"Nos permitimos oficializarle que (...) no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A.", se lee en la carta entregada por los diputados a las autoridades colombianas el pasado 20 de septiembre.

En la misiva aparecen las firmas de ocho diputados pertenecientes a partidos de oposición como PJ, Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT). La misma, según el texto, habría sido aprobada dos días antes en "sesión ordinaria" de la Comisión de Contraloría de la AN.

Sin embargo, el reportaje de Armando.info señala que "en la propia comisión (de contraloría) no hay registros de esa se

Durante una rueda de prensa, Guaidó ha señalado que no se trata de un simple caso de corrupción, por lo que llevará el asunto a la AN mientras se investigan las acusaciones expuestas en un artículo del portal Armando.info.

"Tal como lo anunció el diputado José Guerra. A partir de ese momento, iniciamos una investigación que fue atando cabos hasta llegar a unos nombres y un modus operandi específico. Nombres que fueron cruzados con los elementos de la investigación que ha salido el día de hoy, nos ha permitido atar cabos", ha aseverado.

Asimismo, ha acusado al "régimen de Maduro, a través de Alex Saab y Raúl Gorrín, de captar a algunos de los diputados que están señalados en esta investigación para iniciar una operación de plata o plomo", según ha informado el diario local 'El Nacional'.

"Esto para impedir mi ratificación como presidente del Parlamento y por ende presidente encargado de Venezuela, el próximo 5 de enero", ha subrayado antes de aclarar que "han contactado, amenazado y extorsionado a varios diputados en un hotel capitalino ofreciéndoles 1 millón de dólares pagados en dos partes, ofreciéndoles también amenazas a quienes no aceptan caer en ese sucio mecanismo".

El líder opositor ha aprovechado la ocasión para recalcar que la investigación se encuentra en curso y ha alertado al país de que existe una "conspiración" para mantener a Maduro en el poder. "Seguiremos tomando medidas y profundizando la investigación. Aunque hoy no puedo dar todos los nombres sí puedo garantizarles que a día de hoy está mas firme que nunca la unidad de la mayoría honesta del Parlamento", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que "no se trata solamente de exculpar a unos corruptos y ensuciar al Parlamento". "Lo que realmente está detrás es que este fue el mecanismo usado por la dictadura para penetrar en el Parlamento e iniciar un complot que busca amenazar y comprar diputados de cara al 5 de enero", ha manifestado.

LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Según las informaciones, los diputados, la mayoría de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, habrían realizado gestiones para el empresario Carlos Lizcano, vinculado al programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) utilizado por el Gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados y que ha estado en el foco de denuncias de corrupción durante los últimos años.

El reportaje afirma que los diputados se estarían "prestando (...) para hacer por encargo gestiones informales ante organismos de la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos" para que dichos organismos "absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido".

Armando.info detalló que desde inicios de 2018 "se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negocios (...) de importaciones para los combos CLAP", en la cual participaron diputados opositores, "algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría" de la AN.

El reportaje explica cómo "un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición" liderado por Luis Parra, miembro del partido Primero Justicia (PJ), se movilizaron internacionalmente a favor de los empresarios colombianos.

En ese sentido, según las informaciones, el pasado 11 de noviembre el grupo de diputados acudió a la Fiscalía General de Colombia para entregar una carta que "exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación con Alex Saab", este último acusado en el vecino país por evasión de impuestos durante 2018 y sancionado en julio de este año por Estados Unidos debido a su "participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los CLAP".

"Nos permitimos oficializarle que (...) no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A.", se lee en la carta entregada por los diputados a las autoridades colombianas el pasado 20 de septiembre.

En la misiva aparecen las firmas de ocho diputados pertenecientes a partidos de oposición como PJ, Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT). La misma, según el texto, habría sido aprobada dos días antes en "sesión ordinaria" de la Comisión de Contraloría de la AN.

Sin embargo, el reportaje de Armando.info señala que "en la propia comisión (de contraloría) no hay registros de esa sesión".sión".