Goirigolzarri será preguntado por la operación que el 7 de mayo de 2012 finalizó con la dimisión de su antecesor Rodrigo Rato y que, según el testimonio de este último y del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se produjo después de que el Ministerio de Economía le quitara el "control" y adquiriera "un protagonismo público y notorio" en la crisis. 

  El presidente de Bankia acude a la Audiencia Nacional un día después de la comparecencia del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que declaró al juez Fernando Andreu que en marzo de 2012 advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. 

    Celma, que permaneció durante más de cinco horas declarando como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato hace dos meses como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA). 

  El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, también ha explicado que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración. "No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", ha dicho.  

   Las primeras cuentas de 2011, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Bankia el 28 de marzo de 2012, presentaban unos beneficios de 309 millones de euros. Tras la dimisión de Rato, que se produjo el 7 de mayo de 2012, tuvieron que ser reformuladas y pasaron a tener unas pérdidas de 2.979 millones, lo que obligó a la entidad a solicitar 17.959 millones de euros de ayudas públicas.  

Además, este viernes comparecerá el representante legal de Bankia y de su filial, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que están imputados en la causa como personas jurídicas junto a 33 exconsejeros de la entidad, entre ellos Rato y el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas. El juez les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida