"No es una puerta a la impunidad", ha dicho el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, al tiempo que ha aclarado que tampoco dará pie a "una cacería de brujas" porque habrá distintos niveles de justicia para las FARC, los agentes del Estado y los no combatientes.

   Además, ha defendido que "no es retórica decir que el anuncio sobre víctimas pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme". "Y no cualquier paz, una duradera", ha remachado desde La Habana.

   En la misma línea se ha expresado el jefe del equipo de las FARC, 'Iván Márquez', explicando que la justicia transicional servirá, precisamente, para "todos aquellos que hayan disfrutado de impunidad", haciendo hincapié, en su caso, en agentes del Estado y paramilitares.

JUSTICIA TRANSICIONAL

   La justicia transicional crea una Jurisdicción Especial para la Paz que "ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia", es decir, los relativos al conflicto armado y sus consecuencias.

   Habrá salas de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; de Amnistía e Indulto; de Definición de Situaciones Jurídicas; y la Unidad de Investigación y Acusación.

   El Tribunal de Paz estará formado por "magistrados de las más altas calidades, expertos en distintas ramas del Derecho", tanto de nacionalidad colombiana como extranjeros. "No serán nombrados a dedo y no podrán ser elegidos directamente por las partes", ha apuntado.

   De la Calle ha explicado que habrá tres sistemas: uno para quienes no aporten la verdad "plena" y "objetiva" de los hechos en cuestión, que se enfrentarán a entre 15 y 20 años de cárcel "en régimen ordinario de cárcel; uno para quienes admitan "tardíamente" la verdad con "penas privativas de libertad de cinco años en régimen ordinario de cárcel"; y un tercero para quienes entreguen la verdad desde el principio con "restricción efectiva de libertades y derechos".

   Sobre este último sistema, De la Calle ha aclarado que "no habrá prisión". "En su lugar, habrá una restricción efectiva, que significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal", ha señalado.

   El sistema de justicia transicional comprende también amnistías e indultos para "delitos políticos y conexos". "No hay lugar a aplicarlos a genocidio, tortura, crímenes de guerra, privación de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores".

   Este aspecto se completa con la decisión de no extraditar ni "emitir medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto a hechos o conductas objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz, cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo final".

SISTEMA NOVEDOSO

   De la Calle ha destacado que se trata de un sistema de justicia transicional completamente original porque es el primero que se idea tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma, tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional (TPI).

   "Por primera vez en el mundo, de común acuerdo y en medio de un conflicto vivo se ha creado una jurisdicción basada en el reconocimiento de la verdad y de la responsabilidad y en el compromiso de la reparación", ha añadido.

   El portavoz gubernamental ha considerado que con ello Colombia "ha cumplido a las víctimas" pero también "a la comunidad internacional" porque "no se pactó ninguna amnistía para los delitos internacionales", aquellos que recaen bajo la jurisdicción del TPI.