Las partes se reunieron este lunes en Madrid durante más de seis horas para tratar de cerrar un acuerdo definitivo en un encuentro encabezado por los ministros de Trabajo, Valeriano Gómez, e Industria, Miguel Sebastián, y al que asistieron los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, así como el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de CEPYME, Jesús Terciado.   

Al término del encuentro, que comenzó sobre las seis de la tarde y concluyó pasada la medianoche, los agentes sociales anunciaron en un comunicado conjunto que a última hora del lunes habían alcanzado un acuerdo social que sería ratificado este martes por los correspondientes órganos de dirección.

Explicaban, además, que el texto definitivo del acuerdo no se daría a conocer hasta que no se haya obtenido esta confirmación.

   Durante la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada se selló un primer acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para llevar a cabo la reforma de la negociación colectiva. Desde ese viernes y hasta el lunes, se intensificaron los encuentros para cerrar el acuerdo en el resto de puntos, política energética e industrial, I+d+I y otros aspectos que quedaban pendientes en materia de políticas activas de empleo.

   Además, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya adelantó el pasado viernes que el Gobierno trasladaría la negociación a los grupos políticos durante esta semana. Durante todo este proceso, el Ejecutivo ha mantenido informados a los grupos sobre la evolución de las negociaciones con los agentes sociales, sobre todo a CiU, PNV y CC, con los que pactó una enmienda del PSOE para elevar la edad de jubilación.  

  Este gran acuerdo social está previsto que se escenifique de manera formal el próximo miércoles en el Palacio de la Moncloa con la presencia del jefe del Ejecutivo, los líderes sindicales y los presidentes de la CEOE y CEPYME. Esta cita se desarrollará un día antes de la visita a España de la canciller alemana Angela Merkel, un encuentro con un marcado contenido económico. 

ACUERDO PREVIO SOBRE PENSIONES Y MERCADO LABORAL

   El acuerdo pivota en torno a la reforma de pensiones que contempla la elevación de la edad de jubilación a los 67 años, aunque aquellos que cumplan carreras de cotización de 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión.

   Desde el viernes y hasta este lunes, las partes han negociado sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral.   

Horas antes de anunciarse el acuerdo, Trabajo anunció un plan de choque del empleo a través de la bonificación del trabajo a tiempo parcial que podría generar hasta 100.000 puestos, con una jornada mínima del 50%, durante un año de vigencia. Además, se eximirá a las pymes del pago de cotizaciones, y del 75% en el caso del resto.  

  La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, concretó que este plan tránsito hacia el empleo estable contempla que la reducción de las cotizaciones será como mínimo de seis meses cuando el contrato a tiempo parcial sea temporal y hasta un año cuando se trate de un indefinido. Asimismo, se incluye un incentivo del empleo temporal que podría interpretarse como una incoherencia frente a las pretensiones de la reforma laboral, pero que responde al carácter de "cortísimo plazo" del plan.  

  En cuanto a la ayuda de "en torno a 400 euros" vinculada a la formación, que es la segunda pata del pacto sobre políticas activas y que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero, Rodríguez explicó que introduce como novedades el reconocimiento de esta ayuda como derecho de los trabajadores y su carácter nacional.

   Ello significa que su coste correrá a cargo del Estado y cubrirá a todos aquellos desempleados sin recursos, especialmente jóvenes y parados de larga duración. Al mismo tiempo, aclaró Rodríguez, no supondrá un coste adicional para las comunidades autónomas, aunque éstas tendrán que reservar una cuota de orientadores y de acciones formativas para estos desempleados.