"El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional", ha señalado la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, tras una reunión en la Moneda de Piñera con sus ministros en la que se discutió sobre el documento.

Así, ha reprochado que la organización, "sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes". "La única política que ha tenido el Gobierno es la de resguardo y protección de los Derechos Humanos", ha esgrimido.

Según la responsable gubernamental, el informe "lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado".

Recabarren ha asegurado que "en Chile todas las instituciones del Estado actúan con plena independencia conforme a sus obligaciones constitucionales y legales" y ha recordado que "todos los casos que han sido denunciados están siendo o serán investigados por la Fiscalía y serán juzgados debidamente por los tribunales de justicia". "No habrá impunidad", ha zanjado.

Por su parte, directora suplente de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Sosa Muñoz, ha recalcado que la institución rechaza categóricamente cualquier "exceso, abuso o vulneración" de los Derechos Humanos, si bien ha admitido que "como toda actividad humana está sometida a la posibilidad de que alguien se equivoque o cometa errores".

Asimismo, ha defendido que cualquier caso objeto de querella ha sido puesto a disposición de la Fiscalía, ya que "como institución nuestro compromiso es investigar antes de hacer cualquier acusación y ofrecer la posibilidad del debido proceso a los acusados".

En este sentido, ha precisado que se han realizado más de 690 sumarios nivel interno, de un total de 5.573 eventos atendidos, junto con 15.000 detenciones desde que comenzaron las protestas el 17 de octubre.

LAS FFAA TAMBIÉN SE DESMARCAN

Entretanto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile han publicado un comunicado conjunto en el que han rechazado "categóricamente" el informe de Amnistía y la acusación de que "habría existido 'una política de ataques generalizados contra manifestantes'".

"No existió, ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil", han esgrimido, denunciando que el informe "no contiene ninguna prueba directa ni indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las Fuerzas Armadas en ese sentido".

En esta línea, han negado que durante el estado de excepción decretado por Piñera haya habido intención de lesionar a los manifestantes, ya que al contrario, sólo estaban protegiendo "a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo".

"Debemos afirmar que en ningún caso los mandos de las Fuerzas Armadas ordenaron o toleraron la comisión de delitos ni han obstruido o impedido el actuar de los organismo de Derechos Humanos ni de los tribunales de justicia", han recalcado.

LAS ACUSACIONES DE AMNISTÍA

Amnistía Internacional presentó el jueves sus conclusiones tras una misión de investigación sobre las violaciones de los Derechos Humanos que se han cometido en el marco de la ola de protestas, que estallaron el 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escalaron para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional.

"La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes", ha afirmado la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Además, ha reprochado "a las autoridades bajo el mando del presidente, Sebastián Piñera", que "han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas", "en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de Derechos Humanos.

AI ha considerado que "las violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el 'modus operandi' llevado a cabo a lo largo de todo el país".

A este respecto, ha señalado que "el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión".

"Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial", ha reclamado la ONG, recordando que "la no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causa de responsabilidad penal individual, según el Derecho Internacional".