Los fiscales del 'procés' han reiterado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su oposición a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros implicados en el 'procés', al expresidente catalán Carles Puigdemont y han invocado que se reúna la Junta de Fiscales, después de que el jefe de la Fiscalía se haya mostrado a favor de perdonar también ese delito.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se reafirman en su informe y, una vez conocida este viernes la postura de García Ortiz, invocan el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la diferencia de criterios se dirima en una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, que se celebrará el próximo martes.

Los fiscales del Tribunal Supremo expresan que lo argumentado por García Ortiz para la aplicación "incondicional" de la amnistía a la malversación "no desvirtúa en absoluto" la postura contraria de los cuatro, de manera que son argumentos "manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida".

"A nuestra juicio la orden (de García Ortiz) es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas", expresa el fiscal Zaragoza en nombre de los cuatro.

También los fiscales insisten a García Ortiz de que si tras la Junta impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía General del Estado han informado ya de que García Ortiz ha convocado a los fiscales de sala para celebrar esa junta el martes 18 de junio después de que el fiscal Zaragoza haya invocado el artículo 27 del estatuto fiscal al no estar de acuerdo con la orden dada este mismo viernes por el fiscal general.

EL CRITERIO DEL FISCAL GENERAL

García Ortiz ha presentado un escrito en el que defiende que se debe aplicar la amnistía a la malversación y en el que considera "insuficientes" los argumentos de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo en contra de amnistiar ese delito.

"Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", aboga el fiscal general en el escrito, lo que incluye la orden de detención activa contra Puigdemont.

A juicio del fiscal general, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial". Y considera también que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.

LA POSTURA DE LOS CUATRO

Choca así con el criterio de Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, los cuatro fiscales del 'procés', que se muestran en contra de amnistiar la malversación al entender que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y que su actuación sí afectó a los intereses financieros comunitarios.

Para los cuatro es "indudable" que Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa "sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España".

"Esos fondos no han sido restituidos", sostienen en su informe, presentado el miércoles y en el que consideran "improcedente" aplicar la ley de amnistía a la malversación, pero sí, en cambio, a los de desobediencia y desórdenes públicos enmarcado en el proceso independentista catalán.

Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto