La propuesta, que partió de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), fue aprobada este jueves 13 de julio durante la reunión de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El Pleno de la Comisión --formada por un tercio de miembros de la Administración, un tercio de representantes de las confesiones con notorio arraigo y un tercio compuesto por expertos de reconocido prestigio-- decidió aceptar dicha sugerencia y se designaron dos expertos miembros de la Comisión Asesora y ajenos al tercio de la Administración, para que elaborasen una ponencia que se sometería a estudio por parte de la propia Comisión, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

La propuesta de realizar este estudio contó con el apoyo de las confesiones presentes, entre las que se encontraban la Iglesia católica, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), la Comisión Islámica de España (CIE), la Federación de Comunidades Budistas de España y la Iglesia Ortodoxa de España.

En concreto, la FEREDE pide que se estudien las "eventuales vulneraciones a la libertad religiosa" que podría provocar, a su juicio, esta Proposición de Ley registrada el pasado mes de mayo por Unidos Podemos con las firmas de la oposición y que irá al Pleno del Congreso a partir de septiembre donde se decidirá si se admite a trámite. También sugieren que se informe al Gobierno sobre las conclusiones del estudio.

En la propuesta, los protestantes manifiestan su "seria preocupación" por las "consecuencias" tanto de dicha proposición de ley como de las leyes autonómicas aprobadas en los últimos años para luchar contra la discriminación del colectivo LGTBI.

"ROMPE LA NEUTRALIDAD"

Así, señalan que estas normas no solo protegen frente a tal discriminación sino que "se posicionan" a favor del colectivo LGTBI "promoviendo sus postulados ideológicos" que, en todo caso, consideran "respetables", y "sancionando desde la ley y el poder público cualquier discrepancia frente a los mismos", algo que, a su juicio, "rompe la neutralidad debida de las Administraciones Públicas".

"Manifestamos nuestra preocupación por el apoyo explícito que estas normas suponen al lobby gay, y por la sumisión que los partidos políticos parecen estar mostrando a la presión que dicho lobby ejerce, permitiendo que sea el propio colectivo LGTBI el que redacte este proyecto de ley", subrayan.

Asimismo, precisan que algunos artículos de la proposición de ley son "inconstitucionales" porque "vulneran el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución" como "el derecho a la libertad e identidad religiosa y el derecho a la educación de los hijos conforme a las propias creencias".

En todo caso, la FEREDE puntualiza que están de acuerdo con "la defensa de los derechos de todas las personas y colectivos" y con "la lucha en contra de toda forma de discriminación y violencia", al tiempo que asegura que siempre estarán "del lado de quien las sufre".