Martes, 17 de junio de 2025
Las movilizaciones en Hong Kong comenzaron hace casi un año, en junio de 2019
Expertos de la ONU piden a China "no silenciar" las protestas en Hong Kong con cargos penales
Las movilizaciones en Hong Kong comenzaron hace casi un año, en junio de 2019, contra la polémica ley de extradición a la China continental. En su punto álgido llegaron a sumar dos millones de manifestantes. Finalmente, el Gobierno de Carrie Lam retiró la ley pero las protestas continuaron para reclamar una apertura democrática.
Los expertos de la ONU han señalado el caso de 15 activistas pro democracia que fueron detenidos el pasado mes de abril y acusados de organizar y participar en reuniones "no autorizadas". Está previsto que el juicio comience el 18 de mayo.
"Nadie debería ser sujeto de sanciones administrativas o penales por formar parte de una protesta pacífica, incluso si el régimen (legal) que regula las protestas requiere una autorización", han indicado.
Han recordado asimismo que "las autoridades están obligadas a no criminalizar a manifestantes pacíficos por los actos de violencia cometidos por otros individuos". "Solo los actos individuales pueden ser objeto de persecución penal", han subrayado.
Además, han llamado la atención sobre el hecho de que "las personas acusadas son todas figuras destacadas del movimiento pro democracia", por lo que han alertado sobre "el espeluznante efecto que estas detenciones están dirigidas a tener sobre la protesta pacífica en Hong Kong".
A este respecto, han advertido "un patrón de criminalización de la protesta pacífica durante los últimos meses, incluidas las protestas pacíficas que han tenido lugar en cumplimiento de las actuales regulaciones de salud pública" por la pandemia de coronavirus.
Así las cosas, han instado a las autoridades chinas a revisar las normas sobre manifestaciones en Hong Kong, ya que exigen una autorización previa, algo que va en contra a los estándares internacionales.
Los relatores que firman el comunidad son Clement Nyaletsossi Voule, dedicado al derecho a la asamblea pacífica; David Kaye, para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Mary Lawlor, para la situación de los defensores de los Derechos Humanos.
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