Los expertos, dependientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado un gran número de fallos en la investigación y han asegurado que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados.

   Esta postura contradice la "verdad histórica" presentada el pasado mes de enero por la Procuraduría General de la República. Los expertos, entre los que se encuentran la fiscal colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, solicitaron un peritaje al especialista peruano José Torero --quien participó en los estudios posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York-- cuya conclusión es que en el basurero no se produjo un incendio de las proporciones suficientes como para quemar 43 cuerpos.

   Torero estima que para incinerar 43 cuerpos deberían de haberse utilizado 30,1 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder durante 60 horas. Además, la llama tendría que haber alcanzado siete metros y el humo 300 metros, lo que habría llamado la atención de la población.

   "Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados (...). Ese evento (la quema en Cocula), tal y como ha sido descrito, no pasó", ha asegurado otro de los integrantes del grupo de expertos de la CIDH, el español Carlos Beristain. "Debe darse un replanteamiento general de la investigación en base a estos datos", ha añadido Beristain.

   Durante la presentación del informe en México DF han estado presentes familiares de los normalistas desaparecidos y han mostrado sus imágenes para reivindicar su memoria.

   El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.

   Tres murieron en durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.

   El informe del GIEI, de 500 páginas, ha sido entregado este domingo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, después de presentarlo. Por el momento ningún organismo oficial ha reaccionado ante estas conclusiones, pero organizaciones de la sociedad civil han destacado ya que el informe confirma sus sospechas.

   "Este informe proporciona una acusación totalmente condenatoria al manejo de México de la peor atrocidad de los derechos humanos en la historia reciente", ha declarado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco.

POSIBLE MÓVIL DEL CRIMEN

   Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.

   Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.

   Por otra parte, el GIEI ha destacado la información confusa que dieron las autoridades sobre la existencia de un quinto autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cártel Guerreros Unidos, que opera en la zona, y que éste trató de recuperar en complicidad con fuerzas de seguridad.

   "La acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel", indica el informe en relación al móvil del crimen. Por ello, emplaza a la Procuraduría General de la República a ahondar en la investigación de este punto, basado en que Guerreros Unidos utiliza autobuses para trasladar heroína a Chicago, uno de sus principales mercados.

   Los expertos realizaron decenas de entrevistas con detenidos, supervivientes y testigos, pero no se les permitió hablar con militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala.

La Procuraduría realizará un nuevo peritaje

forense por el caso Iguala

  La procuradora general de la República mexicana, Arely Gómez, ha anunciado un nuevo peritaje forense de los restos hallados en el vertedero de Cocula y supuestamente correspondientes a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 después de que el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado este domingo desmontara la versión oficial.

   "He instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo informe pericial (...). Por tal motivo se  solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio", ha anunciado Gómez en rueda de prensa.

   El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH recomendaba en su informe de 500 páginas una nueva peritación, ya que concluye que es "poco probable" que los cuerpos de los 43 normalistas fueran incinerados en el basurero de Cocula, tal como sostiene la versión oficial, ya que para se necesitarían 30 toneladas de madera y 60 horas para reducir los cadáveres a un estado similar a los restos enviados a Austria para su identificación y supuestamente recogidos en Cocula.

   En su intervención, Gómez ha asegurado que el Gobierno federal analizará cada una de las observaciones de los expertos, de quienes dijo pedirán que se prolongue su misión en el país para que continúen con la investigación.

   El GIEI apunta además en su informe que los policías tanto locales como federales estaban al tanto de la presencia de los normalistas en Iguala, pero no hicieron nada para protegerlos, con lo que apuntan a una posible complicidad o implicación de las fuerzas de seguridad en las desapariciones. Sin embargo, Gómez ha asegurado que el informe "fortalece la línea de investigación sobre la participación de la delincuencia organizada".

   Además, la procuradora ha anunciado que la investigación pasará a manos del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Felipe de Jesús Muñoz, y que las causas penales abiertas contra los presuntos responsables se concentrarán en un solo juez. En ese sentido, Gómez ha recordado que se ha ejercido acción penal contra 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110.