Viernes, 15 de agosto de 2025

El caso marea la punta del iceberg de la gran corrupción en Asturias

Ex consejero asturiano socialista de Infraestructuras admite "problemas puntuales" pero niega relación con contrataciones

El ex consejero asturiano de Infraestructuras y Medio Ambiente desde 2003-2011, Francisco González Buendía, ha manifestado este martes en la comisión parlamentaria del Caso Marea que su única vinculación con la contratación de su consejería era la firma de los contratos y ha negado que diese instrucción alguna sobre las contrataciones.

También ha negado de manera rotunda que los órganos de control se hayan debilitado de manera deliberada, aunque ha admitido que se han producido problemas "puntuales".   

"Es imposible controlarlo todo y la función de un consejero es luchar por lograr dinero para su consejería", ha dicho Buendía. "El funcionamiento de la Consejería no era ni más normal ni menos normal que el de cualquier Administración pública", ha dicho Buendía, que ante la insistencia de las preguntas del PP ha manifestado que sería imposible recordar los reparos de la intervención en los ocho años que paso en el Gobierno.  

  Buendía, que ha sido el tercero de los comparecientes de este martes, ha manifestado que no había por qué desconfiar ni de los procedimientos ni las personas que llevaban a cabo las contrataciones de su consejería, por mucho que se hubiese detectado un caso aislado de mal funcionamiento.   

Así ha indicado que desconocía lo que su consejería facturaba con las empresas, entre ellas con Igrafo y Almacenes Pumarín y ha añadido que si tuviese que controlar todo eso "podría volverse loco". "No soy tan ingenuo para decir que todo funcionaba bien. Esto no es un mundo perfecto, si todo fuese perfecto no estaríamos aquí intentando solucionarlo. Tuve el honor de dirigir una consejería y una serie de empresas públicas y estoy orgulloso de ello, aunque evidentemente haya habido fallos puntuales", ha dicho.

   A preguntas de los grupos parlamentario ha afirmado que conoció en Consejo de Gobierno las incidencias del llamado Caso Marea y ha indicado que en el mes de marzo de 2011 recibió la información a través del gabinete sobre una supuesta irregularidad por parte de una funcionaria de su consejería, concretamente una jefa de servicio, que realiza pagos a una empresa titularidad de su marido.   

"Lo primero que hice fue llamar al secretario general técnico y esa misma tarde lo mandamos a la inspección de servicios del Principado", ha dicho el ex consejero que ha añadido que después, en el mes de mayo Fiscalía les remitió otro requerimiento sobre otra supuesta irregularidad por parte de otra funcionaria. "Son los dos únicos casos que yo recuerdo", ha dicho Buendía, que ha negado que conociese la vinculación de las funcionarias con las empresas a las que adjudicaban contratos.  

  Ha indicado que una vez conocido el informe de la Inspección ordenó la apertura de un expediente disciplinario, aunque no conoce la aplicación final del mismo.  

  Ha explicado que los consejeros con independencia de su máxima responsabilidad, lo que hacen es preocuparse de conseguir el mayor dinero en el Presupuesto para atender todas las peticiones de su área, a partir de ahí una vez logrado el dinero empieza toda una maquinaria a funcionar para acabar ejecutando una obra.   

Preguntado sobre un posible fraccionamiento de contrato para una adjudicación de un control de plantas invasoras, Buendía ha dicho que no puede opinar de manera objetiva porque conoció ese caso por la prensa. En cambio si se ha referido a otros casos concretos que ha asegurado que "la contratación analizada estaba justificada".  

  Así mismo ha negado que conociese que el hijo de José Luis Iglesias Riopedre tuviese una empresa de sondeos y ha indicado que desconoce si Sedes habría contratado con dicha empresa.  

Ha manifestado que es complicado conjugar la eficacia y la garantía, sobre todo en ciertos departamentos y ha añadido que uno de los objetivos de esta comisión quizás sea lograr esa mejoría y demostrar la necesidad de mejorar los mecanismos de control.

   Desde el PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons ha manifestado que le sorprende que todos los consejeros "digan que no recuerdan nada de nada, que no se acuerden de las empresas que se mencionan y que no le conste ninguna de las irregularidades".


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