"Estados Unidos está profundamente preocupado por el maltrato inaceptable y el abuso persistente del Ministerio Público de Guatemala contra los fiscales independientes actuales y anteriores", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

Así, ha señalado que, bajo el liderazgo de la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público "utilizó registros y arrestos basados en acusaciones selladas y filtró información de casos de manera selectiva con la aparente intención de identificar y castigar a los guatemaltecos que luchan contra la impunidad y promueven la transparencia y la rendición de cuentas".

"Respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos guatemaltecos es esencial para proteger el estado de derecho para todos", ha zanjado.

CRIMINALIZACIÓN DE FISCALES

La fiscal general guatemalteca ha negado que se esté criminalizando a abogados independientes. Porras se ha referido así a la detención de varios abogados, entre los que se encuentran Leily Santizo, antigua mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de la ONU que fue disuelta en 2019.

Santizo, que se encarga actualmente de llevar la defensa de exfiscales de la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci), habría sido detenida hace seis días junto a varias personas en un movimiento que ha sido condenado por la comunidad internacional.

La también abogada aseguró en su momento que es inocente y señaló que su arresto supone una medida de "represalia" en su contra por ayudar a antiguos fiscales de la Feci supuestamente implicados en la "persecución penal" de personas involucradas al entramado de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, un caso que salpica a gobiernos de diversos países latinoamericanos.

"Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas", ha dicho Porras.

Esta declaración por parte de Estados Unidos se produce tras la publicación de una investigación periodística en la que se vincula al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en actos de corrupción supuestamente orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, en prisión preventiva por el caso 'Libramiento de Chimaltenango'.

En concreto, la investigación, basada en el testimonio de un supuesto hombre cercano a Giammattei bajo el nombre de 'Testigo A', señala a un supuesto acuerdo entre el presidente y Benito para recibir 20 millones de quetzal --cerca de 2,2 millones de euros-- para su campaña electoral, una cantidad recaudada a partir de sobornos por la adjudicación de contratos a varias constructoras.

"Este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso. En ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado una denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos", ha dicho Porras, tal y como recoge el diario 'Prensa Libre'.

Porras también ha resaltado que "la persona a quien se menciona en la publicación como 'Testigo A' presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaba".