Así lo afirma el Gobierno en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, relativa al proyecto de Gibraltar de construir 665 viviendas de protección oficial, seis torres de hasta 33 pisos, incluyendo terreno ganado al mar. El desarrollo inmobiliario ha recibido críticas de la oposición socialdemócrata gibraltareña por su potencial impacto ambiental.

El proyecto se conoció en 2017 y en aquella ocasión el Gobierno español ya protestó formalmente ante Reino Unido (el 19 de octubre de ese año). El pasado enero, el diputado de Ciudadanos Fernando Maura, preguntó al Gobierno si tomó y está tomando medidas para evitar que el proyecto se culmine.

"Las autoridades españolas continuarán recabando la información al respecto y utilizarán los medios legales a su alcance para intentar impedir cualquier tipo de construcción o desarrollo urbanístico en aguas ganadas ilegalmente al mar", ha respondido el Ejecutivo.

En su respuesta por escrito, añade que ha realizado y realizará "gestiones con terceros con un objetivo disuasorio", es decir, para frenar el apoyo que terceras partes "puedan prestar al desarrollo de las obras", dentro del marco de la "legalidad internacional y la práctica diplomática".

"DEFENDER LA SOBERANÍA ESPAÑOLA SOBRE LAS

AGUAS"

"El Gobierno continuará adoptando todas las medidas a su alcance dentro de la legalidad internacional y la práctica diplomática para defender la soberanía española sobre las aguas", añade el escrito del Ejecutivo.

La soberanía de las aguas en torno al Peñón es motivo de incidentes frecuentes entre España y Reino Unido. La posición histórica española es que Gibraltar no tiene más aguas propias que las del puerto, porque en el Tratado de Utrecht no se cedió a Reino Unido más que la ciudad, el castillo, las defensas y el puerto. Londres, en cambio, considera que hay una franja de "aguas territoriales británicas de Gibraltar" en torno al Peñón.

Así, el Gobierno asegura que "permanece atento" a cualquier noticia sobre actividades que puedan afectar a la soberanía española sobre esas aguas y, cuando se da el caso, "ha adoptado todas las medidas diplomáticas a su alcance en repetidas ocasiones".

Además, aclara al diputado que el Gobierno no realiza gestiones formales con ninguna autoridad del Peñón, porque lo considera un "territorio no autónomo pendiente de descolonizar", sino con Reino Unido, es decir, entre Estados soberanos. Eso sí, a las gestiones bilaterales se suman las reivindicaciones en el marco de la ONU y de la UE.