El Gobierno español ha trasladado este martes su oposición a la aspiración británica de reformar los Tratados de la UE para limitar las prestaciones sociales de las que disfrutan los europeos que se trasladan a vivir al Reino Unido, unos incentivos que, a juicio de Londres, se han traducido en una migración masiva procedente de Europa.

   El secretario británico de Estado para Asuntos Europeos, David Lidington, ha visitado Madrid para preparar con las autoridades españolas un futuro encuentro entre el 'premier' David Cameron y el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, para hablar de la reforma de la UE que pretende lograr Londres antes del referéndum que se ha comprometido a celebrar antes de que termine 2017 sobre la pertenencia del Reino Unido en la Unión.

   Aunque aún no se ha cerrado una fecha para ese encuentro, los dos líderes conversarán con seguridad antes de la cumbre de líderes europeos de los próximos 25 y 26 de junio, aseguran a Europa Press fuentes gubernamentales españolas.

   Lidington ha mantenido un almuerzo de trabajo con su colega español, Iñigo Méndez de Vigo, y se ha entrevistado con el secretario general de Presidencia, Jorge Moragas, y el secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa.

   Tras estos contactos, el Gobierno español ha sacado la conclusión de que Cameron hará campaña en favor de la permanencia del Reino Unido en la UE y cree que los asuntos más complicados de la reforma a la que aspira Londres tienen que ver con su interés en reducir la inmigración que recibe.

   Cameron quiere reformar el sistema de prestaciones sociales para reducir los incentivos que han fomentado, bajo su punto de vista, una migración masiva procedente de Europa. Y para ello plantea establecer condiciones diferentes para acceder a estas ayudas en función de si el solicitante es ciudadano británico o de otra nacionalidad europea.

   El Gobierno español ha dejado claro a Lidington que establecer "discriminaciones" entre ciudadanos europeos "no es posible con los Tratados en la mano" y le ha recordado que, frente a los 100.000 españoles que hay en Reino Unido, en nuestro país residen 400.000 británicos que tienen acceso pleno al sistema de la Sanidad pública, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

   No obstante, España no se opondría a que se endurecieran los controles existentes para evitar "abusos" en el acceso a las ayudas sociales por parte de los inmigrantes comunitarios, algo que se puede hacer sin necesidad de cambiar los Tratados, añaden las mismas fuentes.

   En opinión del Gobierno que preside Mariano Rajoy, en la actualidad ningún país europeo está interesado en abrir el debate sobre una nueva reforma de los Tratados de la UE, un proceso complejo que daría pie a que cada Estado miembro planteara sus propias demandas y que el ciudadano difícilmente entendería que se abriera en estos momentos.

PROTECCIÓN DE LA 'CITY'

   España tampoco comparte el deseo británico --aún poco definido--  de contar con algún tipo de mecanismo que permita proteger a la City londinense de las decisiones que adopten los países que comparten el euro, entre los que no se encuentra el Reino Unido.

   Ni apoya, como sí hace Londres, que los Parlamentos nacionales tengan capacidad de vetar iniciativas de la Comisión Europea. España ve suficiente el control del que ya difrutan los Parlamentos de cada Estado miembro en la actualidad, pues pueden pronunciarse en contra de una propuesta de Bruselas, aunque su opinión no es vinculante.

   España sí coincide en cambio con el Reino Unido en la necesidad de que la UE mejore la competitividad económica para crear empleo y generar crecimiento para las familias trabajadoras. En este sentido, los dos países creen que a este objetivo contribuye la conclusión de acuerdos de libre comercio como el que se negocia con EEUU.