En opinión de RSF, "unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión" hacen caer a España en el ranking, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos. Para la organización, la polarización mediática y el deterioro económico del sector contrarrestan la mejora del clima informativo en España.

Para la realización del informe, RSF ha implantado una nueva metodología con cinco nuevos indicadores como el marco legal, sociocultural y económico, sobre los que se basa la clasificación (junto al balance de agresiones del año): marco legal, el sociocultural o el económico. Es precisamente en este último en el que España anota su peor resultado, pese a haber registrado, en conjunto, un buen año para la libertad de prensa, con muchas menos agresiones que en los últimos años y sin haberse visto afectada por las olas de violencia de manifestaciones antivacunas de otros países.

RSF recuerda que se tramita en el Congreso la posible derogación de los llamados delitos de expresión --injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos, apología del terrorismo, etc--; el artículo de la 'Ley Mordaza' que penalizaba la captación de imágenes por la prensa ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y las disposiciones más polémicas de esta ley están también en trámites para ser derogadas por las Cortes.

En su opinión, "no es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensa en España, pese a la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia, y pese al clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha"; pero, según añaden, "lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios, tanto en lo que respecta a la excesiva concentración del mercado, como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y le grave precarización de los profesionales".

Por ello, consideran que la esfera política no es "tan responsable" este año de las carencias de la libertad de prensa, "como lo es acaso la esfera mediática". "Una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica".

Por otra parte, el informe hace alusión a "la grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse en con la crisis de 2008 y que ya adquiere tintes crónicos e impacta seriamente a la libertad de
prensa". Advierten de que los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo "son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura".

CLIMA DE POLARIZACIÓN

Es destacable, además, en el análisis español, el "gran clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión". Para RSF, España es un "claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente 'foxnewsizados' y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos".

En materia de seguridad de los periodistas, España, en el puesto 35, está "claramente mejor calificada" que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º). "La desactivación del conflicto en Cataluña, que había colocado a España en posiciones de cabeza en agresiones a periodistas en la UE, entre 2017 y finales de 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en el marco de manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias, se han traducido en una significativa mejora del clima de seguridad de los periodistas en nuestro país".

En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12º), sin tener en cuenta las reformas en curso antes mencionadas, pero aún no culminadas. Sin embargo, cae por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de "problemático". También
está peor calificada en términos de contexto político respecto a estos tres países, por la mencionada polarización que afecta a los medios.

Por último, cabe destacar la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor. Del mismo modo, ve "reseñable" que los periodistas que denuncian a agentes
de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que "la versión policial prevalece casi por sistema".

"La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa --difícil en democracias consolidadas-- como enredar a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos", concluyen Reporteros Sin Fronteras