El juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid ha decretado el embargo de 727.826,57 euros de una cuenta abierta en el Banco de España por Santander Consumer (rama de crédito al consumo del Santander) para indemnizar a un total de 242 afectados por el cierre del concesionario multimarca Otaysa en abril de 2000.  

  La decisión, que tiene fecha del pasado 3 de septiembre, se adopta en ejecución provisional de una sentencia del 16 de marzo de este año por la que la titular de este juzgado, Adelaida Medrano, declaró el derecho de estas personas a ser indemnizadas en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Crédito al Consumo.

   Los reclamantes habían dejado de recibir los servicios de mantenimiento y reparación de sus vehículos que contrataron a través de la denominada "Fórmula Otaysa", con la que habían financiado la compra de sus coches.

   La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, reconoce su derecho a ser restituidos con "todas las cantidades abonadas a la entidad demandada desde el momento en que dejaron de recibir tales servicios".

EMPRESARIO AFECTADO Y ABOGADO  

  Los afectados han sido representados legalmente en esta demanda por el que fuera presidente de Otaysa, Santiago Gómez Pintado, quien también reclamó indemnizaciones por daños morales que no han sido atendidas por la juez al considerar que ninguno de los clientes sufrió situaciones  de "zozobra o intranquilidad", sino mera "molestia, preocupación, enojo o enfado que sueles originarse como consecuencia de situaciones de incumplimiento contractual como las de autos".  

  Gómez Pintado presentó estas reclamaciones tras conseguir en 2009 que otro juzgado de Primera Instancia de Madrid, el número 52, declarara a Santander Consumer Finance responsable de la quiebra de Otaysa por incumplimiento de contrato.

   En virtud de dicho contrato, la entidad Otaysa obtuvo financiación de Hispamer Servicios Financieros (luego sustituida por Santander Consumer) para la adquisición de vehículos nuevos y usados que se pusieron a la venta a través de la denominada "Fórmula Otaysa", mediante la cual los clientes obtenían servicios como los de mantenimiento y reparación. Las partes se repartirían los beneficios obtenidos al 50 por ciento.   

 Fuera del cobro de las indemnizaciones han quedado más de medio centenar de clientes que pagaron los servicios al contado. Respecto a este grupo la magistrada señala en su sentencia que su reclamación prescribió al haber transcurrido el plazo de un año del que disponían tras cesar la prestación del servicio, en virtud de lo establecido por el Código Civil.