"Ellos saben que aquí no va a haber referéndum. Están convencidos. Están haciendo pantalla. Primero porque lo hicieron tarde, segundo porque lo hicieron mal, tercero porque metieron fraude", ha sostenido.

   "Somos conscientes de qué es lo que tienen ahí. No lo tienen. Están engañando a su gente, están manipulando a su gente, son unos irresponsables frente a la gente que dirigen", ha afirmado, según ha informado el diario venezolano 'El Universal'.

   En este sentido, Istúriz ha insistido en que "maduro no va a salir (del poder) por referéndum". "Olvídense. Primero, porque aquí no va a haber referéndum", ha remachado el vicepresidente venezolano.

   Horas antes, el diputado oficialista Diosdado Cabello denunció la intención desestabilizadora de la oposición con el objetivo de ejecutar un golpe de Estado contra Maduro.

   Así, manifestó que la oposición es consciente de que no es posible que este año se cumplan los 243 días necesarios para que se lleve a cabo el referéndum revocatorio.

   "Ellos saben que el reglamento que se está usando es el mismo aprobado en 2007. Si ellos en verdad quisieran un revocatorio como una opción constitucional, lo hubieran pedido el 11 de enero, esperaron precisamente pedirlo o iniciar el proceso cuando los tiempos ya no les daban", dijo.

   Por ello, de concretarse el referendo el próximo año, este proceso "sería inoficioso (para la derecha), porque se tendría que dejar encargado al vicepresidente de la República".

   Cabello argumentó que la victoria en las elecciones parlamentarias de diciembre no demuestran un apoyo popular contundente. "No son votos pegados a ellos, motivo por el que no quieren el referéndum, porque le tienen temor a una elección de este tipo (...). Ellos no creen en ningún proceso electoral donde ellos no ganen, la única manera que ellos creen es donde ganan", remachó.Amnistía alerta de que el Estado de Excepción amenaza los Derechos Humanos en Venezuela

Amnistía alerta de que el Estado de

Excepción amenaza los Derechos Humanos

en Venezuela

Amnistía Internacional ha alertado de que el Estado de Excepción declarado el pasado viernes en Venezuela amenaza los Derechos Humanos de la población. El grupo advierte de que el Estado de Excepción "no deben ser utilizado para reprimir las manifestaciones pacíficas".

   El decreto del presidente Nicolás Maduro "pone en mayor riesgo la ya frágil situación de Derechos Humanos en el país", según la organización.

   Amnistía subraya la "grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica".

   En concreto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, ha alertado de que "el catálogo de abusos a los Derechos Humanos que se han registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante Estados de Excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante".

   "El gobierno de Venezuela debe recordar que los Estados de Excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos", ha afirmado Marcos Gómez.

   Amnistía destaca que los Estados de Excepción tienen "penosos antecedentes" en Venezuela. En los años 1989, 1992 y 1999 los cuerpos de seguridad "cometieron violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que todavía no han sido efectivamente investigadas ni sus víctimas reparadas adecuadamente".

   Más recientemente, entre agosto y septiembre del 2015, el Gobierno adoptó una serie de decretos que afectaron a varios municipios en las zonas fronterizas con Colombia, por los cuales se militarizaron dichas zonas.

   "Ante los operativos bajo estos decretos de Estado de Excepción, se recibieron y documentaron denuncias de deportaciones, desalojos y detenciones presuntamente arbitrarias, así como tratos crueles y discriminatorios contra ciudadanos de nacionalidad colombiana, incluida la separación de familias, expulsión de refugiados y solicitantes de asilo entre otras graves violaciones de Derechos Humanos", denuncia Amnistía.