En la sentencia fechada el pasado 11 de enero y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Social del Tribunal madrileño estima parcialmente la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. contra la supresión de la paga extraordinaria o cantidades equivalentes en las retribuciones anuales del personal del ICM.  

  Esta demanda se interpuso contra la Agencia el pasado 24 de octubre de 2012 por parte de CC.OO. y siendo parte interesada la Federación de Servicios Públicos de Madrid de UGT y los sindicatos CSIT-UP, CSIF, USO y S.I.T.I.  

  En concreto, el tribunal madrileño condena a la Agencia madrileña al abono a los trabajadores afectados por este conflicto colectivo de la suma del importe de los 14 días del mes de julio ya devengados a la entrada en vigor del Real Decreto, que tuvo lugar el pasado 15 de julio del año 2012.  

  Mencionando doctrina del Tribunal Supremo, destaca que las pagas extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido, "se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, no constituyendo meras expectativas".  

  Por lo que entiende que los trabajadores demandantes "tienen derecho a su percepción, no pudiendo tener la norma efecto retroactivo", y procede a estimar parcialmente la demanda presentada por la organización sindical.  

  Por otro lado, el TSJM desestima la pretensión general en relación con la totalidad de la paga suprimida. Entiende que el Real Decreto citado recoge la supresión de la paga extra de diciembre y de la paga adicional de complemento específico, constando en el mismo la excepción de la negociación colectiva y que su aplicación "se impone por jerarquía normativa", sin que sea "contrario a derecho".  

  En un comunicado, la FSC-CC.OO. asegura que el contenido del fallo debe hacerse extensivo a la totalidad del personal público asalariado y se debe trasladar a los cerca de tres millones de personas que desarrollan su actividad laboral en el sector público del Estado y las administraciones autonómicas y locales. Por ello, el sindicato reclama al Gobierno el reconocimiento legal de este derecho para evitar la proliferación de demandas colectivas que están impulsando las organizaciones sindicales y las personas afectadas a título individual.

   CC.OO. indica que hasta que se produzca el reconocimiento general de este derecho, deberán mantenerse activas las reclamaciones y demandas interpuestas, evitando que las pretensiones de las mismas adquieran la condición de "acto consentido y firme".   

 Por su parte, la Plataforma Sindical de Empleados Públicos ha asegurado que "se inicia un nuevo periodo" tras esta sentencia. En rueda de prensa tras la última reunión de la Plataforma, el representante de CC.OO., Francisco Cabezos, ha recalcado que se trata de una sentencia que "abre las puertas a la aplicación de esta decisión en todas las administraciones públicas", lo que supondría, según cálculos del sindicato, un desembolso de unos 33 de millones de euros para el Estado.  

  "Con esta sentencia se acaba el absolutismo del Gobierno", ha apostillado, antes de instar al Ejecutivo a que "deje de meter en las costillas de los trabajadores públicos sus arreglos económicos".

   En la misma línea, el representante de CSI-F en la Plataforma, Eliseo Moreno, ha indicado que los sindicatos se encuentran "moderadamente optimistas" ante esta sentencia, por cuanto "abre vías" para que los empleados de lo público puedan ver restituida, sino toda, al menos una parte de su paga de Navidad.

 UNA NUEVA FASE DE RECURSOS Y PROTESTAS  

  Para la Plataforma de los Empleados Públicos esta decisión judicial es el punto de inflexión que marca además un cambio de fase en sus reclamaciones y protestas.  

   Así, tras una primera etapa en la que se han presentado recursos contra la supresión de la paga extra de los funcionarios adscritos a la Administración Central (ministerios y Agencia Estatal de la Agencia Tributaria), los sindicatos se embarcarán ahora en una segunda fase que afectará a su personal laboral.

   Según han concretado los portavoces de la Plataforma, se presentarán ahora nueve conflictos colectivos que afectarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Correos, Renfe, Agencia Tributaria, AENA, Patrimonio del Estado, Museo del Prado, Boletín Oficial del Estado (BOE) y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).  

  Además, la plataforma estudia ya una tercera fase en la que se podrían presentar recursos en todas las comunidades autónomas y en la administración local, así como a través de "otras vías judiciales".

   Sobre este punto, los representantes sindicales han explicado que consistiría en el recurso, por parte de los sindicatos, del acto administrativo por el que no se paga la extra a los funcionarios públicos, en tanto que para éstos es costoso recurrir sus nóminas a título personal tras la reforma de la Ley de tasas.

MARZO DE MOVILIZACIONES

   La Plataforma es consciente de que los procesos judiciales son largos, por lo que, en paralelo, tratarán de mantener vivo el espíritu de la protesta con nuevas movilizaciones en poco más de un mes.  

  El secretario de Acción Sindical de USO, Leonardo Barreda, ha avanzado que los sindicatos de la función pública están estudiando desarrollar una serie de acciones de protesta a nivel provincial "a primeros de marzo", en las que pretenden involucrar a los funcionarios de todas las administraciones públicas.

   Así, las concentraciones de los empleados públicos podrían coincidir con la jornada de acción sindical que las centrales sindicales preparan para ese mismo mes en coordinación con otros países europeos, para protestar contra la política económica del Gobierno, como ocurrió el pasado 14 de noviembre.    Por último, Barreda ha aprovechado la ocasión para denunciar que el personal de las Cortes sí ha cobrado la paga extra de Navidad, lo que demuestra, a su juicio, la "total incompetencia" del Gobierno para hacer cumplir las normas de igual forma en todas las administraciones públicas. "Es una auténtica vergüenza", ha asegurado.