Las sesiones se reanudan después de que las defensas expusieran durante septiembre y octubre sus cuestiones previas relativas a la competencia de la Sala y supuestas vulneraciones de derechos fundamentales por las escuchas, registros o detenciones; y una vez que el Tribunal encargado de juzgar el caso haya desestimado inicialmente estas alegaciones al proceso.   

El juicio se celebrará por bloques y el primero se corresponde con los delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal y malversación de caudales públicos en relación con esa operación urbanística, por la que están acusados Roca, el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román y su hija Pilar, el abogado Juan Hoffmann y el ex comisario Florencio San Agapito, según han informado fuentes judiciales.   

En la operación Crucero Banús, según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

   Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados", dice la acusación pública, quien precisa que la operación "se articula mediante la constitución por los procesados de una sociedad en Suiza".  

  El ministerio fiscal señala que esta sociedad "va a comprar las participaciones sociales de la entidad titular de los terrenos", Yambali 2000, y concluye que con el convenio con la corporación municipal, que se celebra el mismo día de la compra de la parcela, se produce un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo.  

  Al mismo tiempo, incide esta acusación, los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento "se ven reducidos, pues de los 5.442 metros cuadrados que le correspondían sólo se consignan 2.400", con lo que "el perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros", mientras que "los procesados lograron un beneficio de más de seis millones de euros".  

  En este bloque se unirán también, a petición de las acusaciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento marbellí, las declaraciones de otros procesados como el empresario José Ávila por un delito de blanqueo, el ex alcalde Julián Muñoz por un delito de malversación, el tasador José Mora por falsedad documental y malversación y Roca por prevaricación y falsedad.  

  En este punto, el fiscal precisa que por escritura pública en octubre de 2002 se transmite el 90 por ciento del capital social de Yambali 2000 SL a dos entidades de José Ávila Rojas, representadas ambas por dicho empresario.