La Ley de Edad Gestacional del estado, aprobada en 2018 pero bloqueada por dos tribunales federales, permite el aborto después de 15 semanas "solo en emergencias médicas o por anomalías fetales graves" y no tiene excepción de violación o incesto, y es la que esperan que el Supremo apruebe.

Esta legislación, además, contempla que si los médicos practican abortos fuera de los parámetros de la ley, sus licencias médicas serán suspendidas o revocadas, así como pueden estar sujetos a sanciones y multas adicionales.

"La conclusión de que el aborto es un derecho constitucional no tiene base en el texto, la estructura, la historia o la tradición", asegura la procuradora general de Misisipi en un escrito presentado ante el Supremo en julio, tildando la decisión de Roe v. Wade de "tremendamente equivocada", recoge CNN.

Actualmente, Misisipi solo cuenta con un centro médico autorizada para practicar abortos.

Roe v. Wade es la histórica decisión del Tribunal Supremo, de 1973, que legaliza el aborto en todo el país antes de la viabilidad, que puede ocurrir alrededor de las 24 semanas de embarazo.

La polémica se ha levantado en las pasadas semanas después de que Texas aprobara una de las leyes más estrictas de Estados Unidos, al prohibir el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas tomando como criterio la existencia de latido, en torno a las seis semanas. No hay supuestos por violación o incesto, aunque existe una excepción por "emergencias médicas".

También permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar por violar la legislación. Es la primera vez que una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas entra en vigor.

Desde la Casa Blanca se ha criticado duramente la nueva legislación de Texas, considerando que "viola flagrantemente el precedente existente", además de "perjudicar significativamente el acceso de las mujeres a la atención médica reproductiva crítica, afectando particularmente a las comunidades de color, a las personas con bajos ingresos y a las que viven en comunidades rurales o desatendidas", ha señalado la Administración estadounidense este lunes en un comunicado.

En el escrito, el Gobierno ha apoyado "firmemente" la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer de 2021, ya que "tras el ataque sin precedentes de Texas, nunca ha sido más importante codificar este derecho constitucional y reforzar el acceso a la atención sanitaria para todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia".

En este sentido, la Administración de Joe Biden espera trabajar con el Congreso a medida que la ley avance para "garantizar que este proyecto de ley codifique y sea coherente con las protecciones establecidas por Roe y los precedentes posteriores del Tribunal Supremo".

"Los derechos constitucionales de las mujeres son esenciales para la salud, la seguridad y el progreso de nuestra nación. Nuestras hijas y nietas merecen los mismos derechos por los que lucharon y ganaron sus madres y abuelas, y que una clara mayoría del pueblo estadounidense apoya", ha precisado la Casa Blanca. "No permitiremos que este país retroceda en materia de igualdad de la mujer", ha agregado.