El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anunciado este jueves que aprueba la parte esencial de la ley promovida por el presidente Barack Obama para reformar el sistema sanitario, que exige que para 2014 la mayoría de los estadounidenses tengan un seguro médico o, en caso contrario, paguen una multa.  

  "El requisito de la Ley sobre Atención Asequible de que ciertas personas paguen una multa por no tener un seguro médico puede, de forma razonable, ser considerado un impuesto", dice en el fallo el presidente del Supremo, John G. Roberts, al explicar la opinión de los cinco jueces (de un total de nueve) que han votado a favor.  

  "Dado que la Constitución permite ese tipo de impuestos, no nos corresponde a nosotros prohibirlo o emitir un juicio sobre si es conveniente o justo", ha añadido.  

  Esta decisión, que llega menos de cinco meses antes de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, supone una gran victoria para Obama, ya que la ley, que fue aprobada por el Congreso en 2010, constituye la reforma más profunda del sistema sanitario estadounidense de los últimos 50 años.   

Su objetivo es que más de 30 millones de personas que actualmente no tienen seguro médico dispongan de él, así como reducir los recientes costes médicos.

   Los congresistas republicanos y el futuro candidato del partido en los comicios de noviembre, Mitt Romney, han dicho que intentarán revocar la medida después de noviembre, ya que consideran que con esta ley, el Gobierno se entromete demasiado en la vida de los ciudadanos y en los asuntos de los estados que componen el país. Sus partidarios la ven como una garantía de que todos los ciudadanos pueden recibir atención médica independientemente de dónde viven o trabajan.  

  El pasado marzo, el Tribunal Supremo escuchó durante tres días los argumentos orales a favor y en contra de la ley, que había sido recurrida por 26 de los 50 estados y por un pequeño grupo empresarial.

CUESTIONES ANALIZADAS   

 Los jueces han analizado cuatro cuestiones: si estaba dentro de las competencias del Congreso el imponer un "mandato individual" que obligue a los ciudadanos a contratar un seguro médico, si toda la ley o solo parte de ella debía ser revocada en caso de que se rechazase ese mandato, si la expansión del programa Medicaid era una medida excesivamente coercitiva para los estados y si todas esas cuestiones podían ser revisadas antes de que el mandato entrase en vigor.   

 Sobre el asunto de Medicaid (un programa médico para familias con pocos recursos), los magistrados han dado el visto bueno a la expansión, pero han rechazado la parte de la ley que amenaza a los estados con perder los fondos de los que disponen para Medicaid si se niegan a expandir el programa, de gestión federal y estatal.  

  La cuestión crucial era la del "mandato individual", porque si hubiese sido rechazado, a las compañías aseguradoras les habría resultado muy complicado aplicar otros elementos de la ley sin aumentar drásticamente sus primas, según los medios estadounidenses. Entre esos otros elementos figura, por ejemplo, que las aseguradoras no puedan negar la atención o limitarla en el caso de niños que tengan un cuadro médico complicado o que los adultos jóvenes de hasta 26 años tengan derecho a estar cubiertos por el seguro de sus padres.   

 Aunque las partes más polémicas de la ley no entrarán en vigor hasta 2014, ya se estaban aplicando una serie de nuevas normas que han ampliado la cobertura médica en todo el país.