"El senador Álvaro Uribe Vélez autorizó a Diego Cadena para entablar diálogo con Vélez Ramírez", recoge una resolución del Supremo a la que ha tenido acceso la emisora Caracol Radio.

Según el texto, pese a que Uribe era conocedor de las irregulares de Cepeda, quien se dirigió a Vélez Ramírez a través de una carta suscrita bajo soborno, "no fue ello materia de reproche, ni mucho menos de prohibición", por parte del antiguo jefe del Estado colombiano.

El antiguo presidente de Colombia, quien estuvo al frente de Casa Nariño entre 2002 y 2010, declaró ante el Alto Tribunal en un principio que Cadena, quien actualmente cumple arresto domiciliario, nunca le informó acerca de las cartas que había redactado para hacérselas llegar a diferentes testigos de sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.

El Supremo ha señalado que Cadena llevó a cabo ilegalidades para favorecer a Úribe para lograr declaraciones falsas que beneficiasen al que era por entonces su cliente a cambio de favores y una serie de pagos, camuflados como "ayudas humanitarias".

CEPEDA, BAJO ARRESTO DOMICILIARIO

El jueves, el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá ordenó poner bajo arresto domiciliario a Cadena, dos días después de que el Supremo decretara la misma sanción para Uribe, en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos.

En este proceso también está involucrado el abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, que, según la Fiscalía, colaboró con el presunto soborno al exparamilitar Vélez Ramírez. Salazar, imputado por los mismos delitos, no se someterá a prisión domiciliaria porque, a juicio del juez, no representa el mismo riesgo que Cadena.

Uribe, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.

EL PROCESO CONTRA URIBE

De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el senador de la fuerza de izquierdas Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.

Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.

Así, el Supremo sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.

Por otra parte, ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.

Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.