La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra la senadora socialista Elena Diego, que será juzgada por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor relacionado con la contratación irregular de dos monitoras.

   Por ello, también se le imputa un delito continuado de nombramiento para cargo público a penas sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. La Fiscalía pide que se la inhabilite para cargo público por ocho años y las acusaciones popular y particular que además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

   El pago de esta indemnización se exige también de modo solidario a la segunda procesada en esta causa, la que fuera concejala de este municipio Cándida Egido González por cooperación necesaria en la misma conducta. Contra el auto conocido este martes no cabe recurso y únicamente se está a la espera de que el Tribunal Supremo fije fecha para el juicio.

   El pasado 3 se septiembre, la Mesa del Senado aceptó tramitar el suplicatorio del Tribunal Supremo contra la senadora  Diego, que se concedió a mediados del mes de octubre.

   El instructor de la causa, Francisco Monterde, ha encontrado indicios de que Diego colocó 'a dedo' en el año 2008 a dos monitoras de tiempo libre que fueron contratadas por el Consistorio de Villamayor sin haber superado la correspondiente convocatoria pública de empleo

   El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.

   La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.

   El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.

   En la documentación obrante en el caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la baremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado al concurso.