El Jefe de la Inspección general de Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Luis Carmelo Ménguez, ha manifestado este martes que el sistema urdido por la funcionaria Marta Renedo "fue eficaz, no por su complejidad sino por su sencillez" y ha indicado que controlar la falsificación de todas las firmas de la factura complicaría mucho la gestión diaria. "Que hay que mejorar los controles si, pero los que ha habido tampoco han sido tan desastrosos", ha dicho.  

  "La clave está en la simplicidad del sistema que es posible por el alto volumen de contratación menor, hablamos de unas 300.000 facturas al año. Usó la contratación menor porque es la más simple y fácil de manejar", ha dicho Ménguez, que ha indicado que era la primera vez que se encontraron con una situación tan extraordinaria como esta.  

  Ménguez ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del caso "Marea", la presunta trama de corrupción en la contratación pública que afectó a la última administración socialista y por la que están imputados, entre otros, el exconsejero de Cultura, José Luis Iglesias Riopedre y la exdirectora general de Planificación, María Jesús Otero.  

  Ha indicado que desde que ocurrieron los hechos analizados ningún plan anual de la Inspección ha incluido acciones tendentes a controlar la contratación menor ni le han dado orden en este sentido.

   Ménguez ha explicado los informes elaborados y las irregularidades detectadas en los mismos que ahora deberán ser corroboradas por el juzgado. A preguntas de los parlamentarios sobre la labor de la Inspección ha manifestado que no cree que haya ningún jefe de servicio que diga que no se necesita más dotación en la Inspección General de Servicio porque es la menos dotada.

   "En los últimos años hemos ido mejorando, somos siete personas. Podría estar mejor dotada, eso sería mejor, pero no tengo muy claro si en los tiempos que corren de restricciones económicas eso va a ser posible", ha dicho.   

 Ha explicado que son un órgano de control interno, pero no dejan de ser funcionarios que trabajan a las órdenes de sus superiores y por tanto siempre tiene que haber un límite en sus actuaciones. Así ha indicado que en su segundo informe propusieron medidas para detectar irregularidades, aunque desconoce si las mismas se aplicaron o no. "La legislación de contratos es básica y esa es la que se usa en todas las administraciones", ha insistido el compareciente que ha añadido que podría considerarse modificar dicha legislación.  

  Así ha indicado que se elaboró un informe sobre varios contratos firmados entre marzo de 2010 al mismo mes de 2011 a nombre de Azucena Vega Fernández. Ha indicado que en la mayoría de lasa facturas figuraba el NIF de Azucena Vega Fernández.

   "A lo mejor esas facturas no se tenían que haber pagado, pero contaban con los datos que exige el reglamento de contratos", ha dicho el compareciente.