El registro del FBI a la mansión que Donald Trump tiene en Florida, sin precedentes en el caso de un expresidente de Estados Unidos, ha disparado los análisis y especulaciones en torno a los potenciales efectos que tendrá en sus cada vez más evidentes aspiraciones de volver a la primera línea política con una candidatura a las elecciones de 2024.

El propio Trump, que en sus últimas apariciones públicas ha dado a entender que es cuestión de tiempo que dé el paso definitivo, ha vuelto a denunciar en el comunicado en el que ha confirmado el registro de su vivienda de Mar-a-Lago la supuesta persecución política que existe contra él por parte de una "izquierda radical" que no quiere, "desesperadamente", que se presente a las elecciones.

El consenso general es que Trump tratará de utilizar esta operación policial a su favor, independientemente de su trasfondo --supuestamente se le acusa de haber sacado de la Casa Blanca documentos clasificados-- y de sus resultados. El FBI guarda silencio y la actual Administración, encabezada por el demócrata Joe Biden, ha optado por desentenderse alegando que la Presidencia no había sido notificada, según fuentes citadas por CNN.

"Si no tenía previsto presentarse (a las elecciones), ahora lo hará", ha dicho una persona cercana al exmandatario a la cadena NBC News. "Enfadado" por esta supuesta persecución, "una forma de pararla es volver a controlar el Gobierno", ha apuntado esta misma fuente.

Como presidente, estaría blindado de nuevo para investigaciones judiciales y tendría de nuevo bajo su mando a instituciones clave como el Departamento de Justicia, aunque existe un debate legal en torno a lo que podría ocurrir antes de ese potencial blindaje, es decir, si las pesquisas contra Trump avanzan cuando el magnate aún es un ciudadano común.

La legislación norteamericana establece como un delito la ocultación, falsificación o destrucción de documentos oficiales e incluye entre sus potenciales condenas no sólo una pena de cárcel --de hasta tres años--, sino la expulsión del cargo en el caso de los funcionarios federales y la inhabilitación para futuros cargos públicos.

Sin embargo, según 'The New York Times', cabe también otra lectura que precisamente se esgrimió en 2015 y 2016 cuando se puso en duda el uso que hizo la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, de su correo electrónico personal.

Entonces, algunas voces republicanas abogaron por vetar a Clinton, pero expertos en Derecho expusieron entonces que la última palabra en el caso de los aspirantes a la Presidencia la tiene la Constitución, en la que sólo se plantea la descalificación o expulsión mediante un juicio político en el Congreso. No contempla por tanto efectos derivados de la legislación ordinaria.

Las lagunas legales servirían como munición para Trump de cara a una potencial cascada de recursos y algunos de los principales medios estadounidenses dan por hecho que la tormenta contribuiría a aumentar una popularidad que sigue siendo alta, como lo demuestran los grupos de apoyo que se han concentrado este martes de madrugada en Mar-a-Lago.

Al menos en el tema del registro, Trump ha logrado el respaldo claro de republicanos de primer nivel, muchos de los cuales no han dudado en acusar a los demócratas de utilizar el FBI con intereses expúreos. La presidenta del Comité nacional Republicano, Ronna McDaniel, ha reclamado el fin de este "abuso de poder" y ha aprovechado para apuntar que "la única manera es elegir a (candidatos) republicanos) en noviembre", en las elecciones parlamentarias