Borges se ha reunido con el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, y con el demócrata Ben Cardin para exponer la situación en Venezuela, inmersa en una crisis institucional por el "golpe de Estado" que, según la oposición, ha dado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el Parlamento por órdenes de Maduro.

"Los senadores saben exactamente que en Venezuela hay ruptura del orden constitucional, no hay separación de poderes y no se respetan los Derechos Humanos", ha dicho en un comunicado. "Tienen una visión muy clara sobre Venezuela y están preocupados por el golpe de Estado que continúa", ha añadido.

Borges ha pedido a los legisladores estadounidenses "la mayor presión posible frente a los funcionarios (venezolanos) que violan los Derechos Humanos". "También pedimos una condena firme al hecho de que se reprima a la gente en las marchas", ha señalado, apuntando como responsables a las fuerzas de seguridad y a "los grupos paramilitares o colectivos armados".

El jefe parlamentario anunció el fin de semana una gira por la región para trasladar a los países vecinos la situación en Venezuela. Este viernes se ha reunido también con los representantes de los estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sospesan suspender a la nación caribeña por la "ruptura del orden constitucional".

Borges ha anticipado que "continuará la presión de toda la región para que el Gobierno de Nicolás Maduro regrese al marco de la Constitución, devuelva las competencias a la Asamblea Nacional, libere a los presos políticos, autorice el canal humanitario y realice elecciones".

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.

Almagro sobre la inhabilitación de Capriles:

es "una medida típica de una dictadura"

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha sostenido que la decisión de las autoridades venezolanas de inhabilitar durante 15 años al líder opositor Henrique Capriles para ejercer cargos públicos es "una medida típica de una dictadura".

"Se trata de una medida típica de una dictadura que viola los derechos civiles y políticos", ha escrito en Twitter. "El único que inhabilita es el pueblo y por elecciones", ha remachado el ex canciller uruguayo.

Capriles ha anunciado este viernes por la misma red social que le han comunicado que ha sido inhabilitado, aunque no ha desvelado las razones, y ha atribuido esta decisión al "autogolpe" del Gobierno de Nicolás Maduro.

La Contraloría General ha sancionado esta semana a Capriles con el pago de una multa de diez dólares "por haber reconducido el presupuesto de Miranda", algo que el gobernador estatal interpretó como un intento de "inhabilitación" política.

La institución venezolana, encargada de vigilar a los servidores públicos, investiga además a Capriles por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de un escándalo de pago de sobornos para conseguir obras públicas en toda la región.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, ha acusado a Capriles de instigar los disturbios en los que desembocó la marcha opositora celebrada el pasado martes en Caracas para denunciar un "golpe de Estado" por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En este contexto, los dirigentes opositores han expresado su respaldo al gobernador de Miranda. "Derrotemos unidos y ahora la dictadura para que todos los venezolanos recuperemos nuestros derechos", ha escrito en Twitter María Corina Machado.

Capriles es uno de los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ha sido su candidato presidencial en las últimas elecciones, por lo que su inhabilitación dejaría a la coalición opositora sin una de sus principales bazas de cara a la cita electoral de 2019.

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.