Según indicaron a Europa Press en fuentes de la negociación, el preacuerdo se rubricará a las 16.30 horas en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

   El pacto alcanzado establece que las partes podrán convenir antes del 8 de julio ampliar el periodo de negociaciones hasta que se pacte un convenio nuevo o marcarse un periodo máximo de ultraactividad que puede ser de meses o de años, según las fuentes consultadas.

   Si no hubiese acuerdo antes de cumplirse este nuevo plazo o si antes una de las partes considera bloqueadas las negociaciones, se recurrirá a una mediación obligatoria -una intercesión para lograr un acuerdo- o se podrá acordar recurrir a un arbitraje voluntario, en cuyo caso se producirá un laudo vinculante.

   Estas fuentes inciden así en que la posibilidad de que decaiga un convenio colectivo dependerá de en qué términos esté redactado y si cuenta o no con una cláusula para garantizar la prórroga de la ultracctividad hasta que haya un nuevo convenio.

   El preacuerdo al que han llegado sindicatos y patronales deberá ser aprobado por sus respectivos órganos de dirección.

   La reforma laboral estableció que la ultraactividad o prórroga automática de los convenios vencería al cabo de un año (8 de julio) para los convenios denunciados.

   Esta circunstancia abría la puerta a que millones de trabajadores perdieran los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerían al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.

   Ni sindicatos ni patronales querían que se montara un lío a costa del fin de la ultraactividad. Abrieron negociaciones y durante unas semanas han estado discutiendo cómo solucionar este problema.

   La propuesta sindical era la de mantener la prórroga de los convenios durante el tiempo que duraran las negociaciones y recurrir al arbitraje en los casos en los que no fuera posible un acuerdo para evitar su judicialización.

   Patronal y sindicatos no tienen un censo definitivo del número de convenios colectivos pendientes de revisión y de trabajadores afectados. Para ello parten de los convenios denunciados desde 2006, lo que, según fuentes sindicales, arroja no menos de 1.700 convenios colectivos y más de 3,5 millones de trabajadores.

   De estos, aseguran que se han alcanzado acuerdos o preacuerdos en unos 900 convenios, que afectan a 700.000 empleados, si bien también se están registrando ya acuerdos parciales para seguir negociando.

   En cuanto al número de trabajadores afectados por convenios pendientes de renovación, los sindicatos creen que podría reducirse drásticamente en poco tiempo si se van firmando acuerdos sectoriales, que amparan a grandes masas de trabajadores.

   En cualquier caso, los datos disponibles no son del todo fiables, por lo que las partes han pedido al Ministerio de Empleo que les ayude a conformar un listado más aproximado.

   Y es que la casuística en el caso de estos convenios es compleja. Existen acuerdos colectivos que por pacto expreso de las partes quedaron denunciados en el momento de vencer, con lo que no aparecen en los registros -un número relativamente bajo, según los sindicatos-.

   Además, hay convenios a los que se les ha perdido la pista porque la empresa ha echado el cierre, y otros fueron denunciados, pero en medio del proceso de negociación se abandonaron por otros convenios de ámbito superior.