Así lo ha decidido este martes la Junta de Portavoces del Parlament, que ha aprobado una declaración impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP --Cs, PSC y PP han votado en contra-- que también pide la liberación inmediata de los presos soberanistas y acabar con la "judicialización de la política", han explicado fuentes parlamentarias.

Ahora la Mesa de la Cámara deberá decidir cómo se formaría esta delegación y solicitarlo formalmente a la Sala Segunda del Supremo, donde se celebrará el juicio.

Las mismas fuentes argumentan que el Parlament debe estar presente en el juicio porque 11 de los 12 acusados "han sido o son diputados" de la Cámara.

También consideran que, en principio, el Supremo tendría que aceptar esta solicitud, ya que ha aceptado que el Parlamento vasco enviara una delegación de diputados al juicio del 1-O.

La declaración, recogida por Europa Press, manifiesta la voluntad de la Junta de Portavoces de "estar presente durante las sesiones de la vista oral que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Por eso, la Junta de Portavoces traslada esta declaración a la Mesa "para que instrumente las medidas necesarias para poder enviar una delegación de esta cámara y pide al presidente del Parlament, en su caso, hacer las gestiones oportunas para hacerlo posible".

Asimismo, "denuncia la instrumentalización política de la justicia que está llevando a cabo el Estado" en la causa contra los presos soberanistas, y critica que esto dificulta la situación política en Cataluña.

"Por este motivo, reclama a los diferentes poderes del Estado español respetar al pueblo de Cataluña, a las personas que lo integran, a sus derechos individuales y colectivos y las decisiones que libre y democráticamente adoptan", añade.

CENTRO LGTBI

Durante la Junta de Portavoces también se ha debatido sobre que el Parlament haga una declaración institucional en rechazo al ataque que sufrió la semana pasada el centro LGTBI de Barcelona recientemente inaugurado, en el que rompieron la puerta y aparecieron pintadas como 'Estáis muertos'.

Aunque hay consenso entre los grupos para hacer esta declaración, todavía tienen que cerrar los detalles del texto y previsiblemente se leerá durante el jueves durante el pleno del Parlament.

Además, la Junta ha acordado introducir en el orden del día de este pleno la votación del cambio de nombre de la comisión parlamentaria de Enseñanza por el de Educación para adaptarse al nombre de la Conselleria, que cambió hace unos meses.

El TSJC ve una "gravísima

irresponsabilidad" que un fiscal cuestione la

imparcialidad de jueces

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tachado este martes de "gravísima irresponsabilidad" que el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira haya dudado de la imparcialidad de jueces catalanes si la causa por rebelión y sedición contra los exjefes de los Mossos d'Esquadra se envía a Catalunya.

En un acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC adoptado la tarde de este martes --con ausencia de su presidente Jesús María Barrientos-- y recogido por Europa Press, el órgano judicial ha considerado que, en sus alegaciones, Rubira "cuestionaba, textualmente y sin ambages, la imparcialidad de los jueces y juezas que desempeñan su función en Catalunya".

Y ha declarado que sus afirmaciones "suponen un ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional".

"Cuestionar por un miembro del Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, la imparcialidad de los jueces y juezas que ejercen en Catalunya, constituye una gravísima irresponsabilidad de quien tiene, precisamente, por mandato constitucional y estatutario el deber de proteger el ejercicio independiente e imparcial de la jurisdicción", ha insistido el TSJC.

Y ha añadido: "El Ministerio Fiscal por el rol que ocupa en el proceso y por la alta función que la Constitución le encomienda, no puede ceder a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa para la defensa de los intereses públicos que representa".

Ha terminado reafirmando que los jueces catalanes siempre actuarán en cumplimiento de sus deberes constitucionales, "entre los cuales la imparcialidad ocupa un ligar muy destacado".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aclarado la tarde de este martes en un comunicado que "en ningún caso duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Catalunya y en el resto del territorio nacional" y ha manifestado su confianza en la independencia de jueces y tribunales catalanes, así como la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción.