El nuevo juzgado creado en Cantabria para atender las demandas de los afectados por las participaciones preferentes registró en dos semanas un total de 136 demandas, la mayoría de ellas de clientes de la antigua Caja Cantabria, integrada ahora en el banco Liberbank.

Estas denuncias se presentaron en la segunda quincena del mes de julio, tras la creación del nuevo órgano judicial, que está adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander, y suponen prácticamente la mitad de todos los procedimientos judiciales relativos a preferentes y otros productos financieros registrados en el primer semestre del año en el Decanato de Santander, que ascendieron a 321.  

   Se trata, como han reconocido desde el nuevo juzgado de preferentes a Europa Press, de una "avalancha", aunque "se esperaba", si se tiene en cuenta la evolución de las denuncias en los últimos meses.

   Así, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ha habido un incremento progresivo de las denuncias, de modo que si en los primeros tres meses del año se presentaron 38, en abril fueron 95, a las que siguieron 87 en mayo y 86 en junio (a las que se suman 12 en los tres primeros días de julio, que es la fecha en la que contabilizan los 321 procedimientos).

Cantabria, pionera

   Cantabria se convirtió el pasado julio en la primera comunidad autónoma española en contar con un órgano judicial específico para atender las demandas de los afectados por las participaciones preferentes, que comenzó a funcionar como medida de refuerzo el día 12 en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander, que se encargará de atender estas demandas.

   La medida de refuerzo pretende paliar el aumento significativo y progresivo de la litigiosidad de los órganos civiles de la capital, derivado de la presentación de demandas que tienen como denominador común la pretensión de declarar ineficaces contratos financieros complejos, como la adquisición de participaciones preferentes, deuda subordinada y obligaciones convertibles, productos comercializados en los últimos años por entidades bancarias y cajas de ahorros.

   Para hacer eficaz la medida, además de poner en marcha este refuerzo de personal, la Sala de Gobierno del TSJC ha modificado las normas de reparto de los Juzgados de Primera Instancia de Santander, de modo que todas las demandas de este tipo se cursan, desde mediados de julio, al mismo órgano judicial, al citado nº7.

   La medida no tiene una duración definida, si bien se evaluará su eficacia cuando se hayan registrado 400 demandas desde su puesta en funcionamiento.

   La Sala de Gobierno acordó destinar a la Juez de Adscripción Territorial del TSJC, Cristina Rodiz, a este Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander, cuyo titular es el magistrado Luis Sánchez Gall, de modo que ambos jueces se encargarán de ventilar las demandas de participaciones preferentes.

   Junto a ellos, cuatro funcionarios -un gestor, dos tramitadores y uno de auxilio judicial- y un secretario completarán el refuerzo que atenderá de manera exclusiva todas las demandas de preferentes y de otros productos financieros.