Los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, Daniel Gil y César Veliz tenían la intención de huir a Curaçao, las antiguas Antillas Holandesas, según apunta el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez en el auto por el ordena la detención de los tres ex altos cargos de la caja detenidos este miércoles en la operación Mar Nuestro.

   El juez explica que, entre los motivos para ordenar los arrestos, se encuentra "la eventual fuga de los presuntos responsables" ya que "estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición".

   El magistrado, desvela en su auto que las otras dos personas cuya detención ha ordenado la Audiencia Nacional son los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y y Vicente Ferri, que se encuentran en paradero desconocido. Gómez Bermúdez imputa a los cinco la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y administración fraudulenta.

   Asegura que tanto el exdirector genera de la CAM López Abad como el exdirector de la división internacional y negocio hotelero Veliz, "no tuvieron ningún reparo en situar inversiones de la caja en paraisos fiscales" a través de la sociedad Valfensal, que participaba la CAM en un 30 por ciento y pertenecía en un 70 a Ferri y Baldó.

VELIZ, EN LIBERTAD

   El magistrado, ha comenzado este miércoles a tomar declaración a los arrestados. El primero en ser interrogado ha sido Veliz que ha quedado en libertad. La comparencia sólo ha durado 10 minutos ya que se ha negado a declarar, han confirmado fuentes jurídicas. López Abad Gil y otras dos personas pasarán a disposición judicial esta tarde.

   Veliz ha abandonado las dependencias judiciales en un taxi y se ha negado a realizar declaraciones. Una de las personas que esperaba su salida le ha gritado: "hijo de puta, tenían que cortarte el cuello en los juzgados"

   López Abad, Gil y Veliz fueron imputados por el juez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de Benidorm Ferri y Baldó.

   Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la caja, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de "racionalidad económica". "En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido  ocultándolas bajo la apariencia de inversiones", aseguraba.

"UN PAPEL ESENCIAL"

   El magistrado confirma ahora que López Abad y Veliz "tuvieron desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de proyectos de Valfensal". Ambos directivos fueron informados por Ferri y Baldó de la intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraiso fiscal "a la que poder desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por la explotación de hoteles" en distintos puntos del Caribe, entre ellos los establecimientos Caracol y Gala de México.

   La estructura fiscal fue creada con el asesoramiento fiscal de un empleado del despacho de abogados Garrigues, Jaime Escrivá, que fue detenido ayer por la Guardia Civil y ha quedado en libertad. López Abad, y exdirector de empresas de la CAM Gil, utilizaron los informes de este letrado "para justificar ante los órganos de control de la caja la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el grupo Valfensal".

   El objetivo era utilizar la CAM como vehículo para obtener financiación y transferir posteriormente este flujo de capital a sociedades radicadas en el extranjero. El plan "era conocido y consentido" por los tres exdirectivos. El grupo hotelero obtuvo entre 2007 y 2011 unos beneficios acumulados pendientes de aplicación de 30,4 millones de dólares a los que habría que sumar siete más por el gasto de amortización por lo que el delito fiscal que se les imputa tendría "cierta relevancia cuantitativa".

   La operación, bautizada como Mar Nuestro se ha saldado con la detención de nueve personas en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia, y a la imputación de otros once.

   Asimismo, la Unidad de la  Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en distintas fases, ha llevado a cabo diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.