Nisman había acusado a Fernández y a otros dirigentes como el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el pasado 14 de enero, cuatro días antes de que el fiscal apareciese muerto en su vivienda de Buenos Aires en extrañas circunstancias.

   El juez Daniel Rafecas ha determinado este jueves que no se dan los elementos necesarios para que prospere la denuncia, lo que también supone descartar la solicitud de imputación presentada este mes por el fiscal Gerardo Pollicita, según la agencia Télam.

   El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.

   Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní". Según alegó el fiscal, el Gobierno de Fernández de Kirchner negoció con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir las acusaciones a cambio de un canje de petróleo por granos.

   El supuesto plan de la Casa Rosada consistía en acusar a células locales del atentado para desviar las sospechas del ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex agregado cultural de la Embajada Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la Embajada Ahmad Reza Asghari.

   "La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Exteriores, Héctor Timerman", sostuvo.

IMPUTACIÓN

   El fiscal federal Gerardo Pollicita hizo suya la denuncia y el 13 de febrero anunció la imputación de Fernández de Kirchner, Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D'Eñía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.

   Pollicita apuntó un delito de "encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos para aquellos que reúnen tal condición", castigado con una pena de entre seis meses y tres años.

   El fiscal también señaló el "impedimento o estorbo del acto funcional", sancionado con entre 15 días y seis meses de cárcel, y el "incumplimiento de los deberes de funcionario público", penado con entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación.