El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, ha manifestado este jueves que las más de veinte reformas que ha sufrido el Código Penal español hasta el día de hoy "son demasiadas", puesto que un sistema sistema punitivo "no tiene que reformarse tantas veces" y, en este sentido, ha advertido de que si realmente "hay que reformarlo constantemente es porque no está bien".   

"Habría que hacer un Código Penal más estable. Las reformas no son cosas que se puedan introducir repentinamente al calor de los acontecimientos y los sucesos del día, sino que son normas para dudar, para mantenerse, porque la gente tiene derecho a organizar su vida con predicciones y previsiones fundadas, y eso no es posible si hay una permanente modificación del cuadro jurídico.", ha explicado tras intervenir en los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, en los que ha participado en la charla sobre La última reforma del código penal.

   De esta manera, y preguntado por el efecto que pueden tener estos cambios, Prego ha recordado que "uno de los principios fundamentales en el Estado de Derecho es la certeza jurídica, la predictibilidad que te hace prever las consecuencias de los propios actos", lo cual resulta imposible si los constantes cambios "producen falta de certeza, inseguridad, e incertidumbre".     

 "Primero, porque cambian las propias normas, y segundo, porque si las normas cambian se necesitan nuevas interpretaciones, y hasta que se consolidan esas interpretaciones no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de cada comportamiento", lo que "produce una incertidumbre que no es lo más aconsejable en un Estado de Derecho, que es el origen por principio de legalidad", ha argumentado.  

   Dicho esto, el magistrado de la AN ha considerado que la reforma de la Ley 5/2010 es "una reforma muy ambiciosa", pero ha advertido de que "tiene bastantes defectos" y modificaciones "de gran importancia", como las que hacen referencia a la nueva tipificación referente a las personas jurídicas, que según ha enjuiciado, "van a tener problemas graves de interpretación y aplicación concreta".     

"Son cuestiones que está poniendo de manifiesto la doctrina, que no son un defecto de concepción jurídica sino de concepción técnica en las tipificaciones nuevas" y que, si bien no son dificultades que no se puedan "despejar", van a generar "problemas" en su definición, ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que, seguramente, la interpretación de los nuevos preceptos va a exigir, además de grandes esfuerzos, algunos "retoques en el futuro", algo que ha considerado que se podría haber evitado si una nueva reforma tan "revolucionaria" se hubiera afrontado con mayor sosiego y tranquilidad.    

 Así, ha aseverado que "la nueva  reforma necesitaba un poco más de sosiego y un poco más de debate", sobre todo cuando el objetivo es "lograr cosas que se podrían haber logrado igualmente con mecanismos jurídicos menos innovadores y ya contrastados en otros países, como en Italia", al tiempo que ha mostrado su predilección por el sistema italiano de responsabilidad penal-jurídica, que ha valorado como "el mejor para España".

DIÁLOGO ENTRE PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL

   Por otro lado, cuestionado acerca de si entre el pode legislativo y judicial hay buena sintonía y un diálogo, Prego ha afirmado que éste, en todo caso, "no es ni bueno ni malo", ya que "cada uno hace su misión". "El legislativo hace lo que tiene que hacer y el judicial hace lo suyo. Ahí no existen diálogos en ese sentido porque cada uno tiene una misión constitucional y, haciendo lo que marca la Constitución, ya se dialoga institucionalmente", ha dicho.

    Según ha asegurado, no le consta ese tipo de conversación entre los dos poderes y tampoco ve necesario que se dé en una democracia. "Las sentencias son las que son, el reglamento jurídico es el que es, cada uno hace lo que estima oportuno y el poder judicial hace lo que estima necesario. Pero no es un problema de diálogo, es un problema de desempeño de funciones distintas según las previsiones de la Constitución democrática", ha concluido.