El objetivo es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano, y apostar por una democracia "eficiente".  

  "Esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones", ha declarado a Europa Press el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que lleva varios meses trabajando en propuestas que permitan "reconciliar" a los ciudadanos con la clase política, que ha llegado a convertirse en la tercera preocupación de los españoles según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   En este sentido, Pendás ha explicado que lo que se persigue es "acercar la sociedad a los políticos y que se rompa esa imagen de la clase política un poco distante y que es ajena a las realidades". 

 También es clave, ha proseguido, "la idea de democracia eficiente" porque la gente "lo que quiere es que los políticos les resuelvan problemas reales y no que les creen problemas artificiales".

AUDIENCIAS EN EL CONGRESO CON SECTORES INTERESADOS  

  La primera iniciativa en esta materia que ha impulsado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que ya está en trámite parlamentario en el Congreso, donde se escuchará a expertos en la materia. Pendás considera que esta norma constituye "un cambio en la cultura democrática enorme". "Es un cambio decisivo para que los poderes públicos se acostumbren al Gobierno abierto, a estar un poco a disposición de los ciudadanos en ese terreno", ha añadido.  

  Para fomentar la participación democrática, el director del CEPC ha revelado que otra de las propuestas en la que están trabajando es que asociaciones y colectivos sociales puedan dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Según ha precisado, se trataría de que en el Congreso y en el Senado se estableciera "un trámite de audiencia para que los sectores sociales interesados transmitieran a los parlamentarios cuáles son sus problemas e inquietudes".  

  Otra de las iniciativas pasa por hacer una "evaluación de la aplicación de las leyes pasado un cierto tiempo, que podría ser dos años". "En España tenemos un poco la costumbre de creer que llenas el Boletín Oficial del Estado de páginas y ya está todo arreglado. Tenemos un problema y hacemos una ley", ha dicho, para asegurar que es bueno que las Cámaras puedan analizar cómo funcionan las normas pasado un tiempo desde su entrada en vigor.

PLAN DE CODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

   Otro de los puntos de esta estrategia, ha explicado Pendás, consiste en "mejorar la calidad de las leyes", ya que hay "un clamor" tanto en el ámbito jurídico como en sector empresarial e inversor de que en España hay un "ordenamiento muy complicado y disperso", con una legislación "a veces confusa y contradictoria" porque en ocasiones no se derogan leyes y no se sabe muy bien qué es lo que está en vigor.   

 Con el fin de tener un ordenamiento "más claro y sencillo", ha señalado que presentarán al Gobierno "un plan que codifique por sectores el ordenamiento jurídico", como por ejemplo medio ambiente, urbanismo o seguridad, con el fin de que "se eliminen normas que sobren, se aclare lo que está en vigor y lo que no". "Es una tarea muy compleja pero imprescindible, que está en línea con lo que la UE se llama "better regulation" y eso se ha descuidado mucho en España", ha aseverado.

   El director del CEPC ha indicado que también están estudiando la idea de "facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores", de forma que si un "grupo de presión" tiene algo que manifestar lo diga públicamente "con luz y taquígrafos". "Se trata de que los partidos pudieran estudiar la posibilidad de tener una especie de encuentros formalizados en la circunscripción entre los representantes y los ciudadanos que quieran", ha aclarado.

PLAN DERECHOS HUMANOS   

 Dentro de esta estrategia de regeneración democrática se incluye también un nuevo Plan de Derechos Humanos que "actualice" el Título I de la Carta Magna pero sin necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que en el momento actual han surgido nuevos problemas con las nuevas tecnologías e Internet. En este punto, Pendás ha destacado que hay que analizar aspectos relacionadas con la ponderación de la intimidad y la información, el respecto a colectivos especialmente vulnerables como la infancia y la juventud, o la discapacidad.

   "Estoy empezando a reunir a grupos de expertos en esa materia y estamos sobre todo pensando en los estándares de la UE, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha avanzado el director del CEPC, que ha confirmado que este plan estará listo "antes del verano". Una vez terminado se remitirá al Gobierno para que lo apruebe en Consejo de Ministros y después lo remita al Congreso.  

  De acuerdo con el calendario que maneja el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el objetivo es que todas estas propuestas que componen la estrategia de regeneración democrática puedan estar en manos del Gobierno antes del verano. "La idea en general es que todos estos encargos estén listos para el próximo verano, para mayo o junio", ha manifestado Pendás.

 POTENCIAR LAS FUNCIONES DEL SENADO  

  El director del CEPC, que ha recordado que hay abierto un proceso de reforma del Senado impulsado por la propia Cámara, ha manifestado que se trata de "una pieza fundamental del sistema". "Prácticamente ningún país importante del mundo tiene una sola Cámara. Algo parecido al Senado lo hay en todas partes y creo que la idea de suprimirlo no tiene ningún sentido. 

 Tiene una función que cumplir, pero probablemente se tienen que potenciar sus funciones y no solo las territoriales", ha declarado.  

  Sobre la reforma del sistema electoral español que demandan los partidos más pequeños alegando que la Ley D Hondt les perjudica, Pendás se ha mostrado partidario de esta norma  porque "ha producido en España gobiernos de todo tipo, por mayorías absolutas y relativas tanto del PP como del PSOE". A su entender, las reglas de juego "son iguales  para todos" y si un partido minoritario "trabaja mucho y bien, pues pasa a ser mayoritario".  

    "Lo que no podemos permitirnos en una situación como la actual son parlamentos inestables y atomizados. El sistema proporcional puro aparentemente hace una radiografía mejor de la sociedad pero luego produce Parlamentos ingobernables y la historia del parlamentarismo está plagada de ejemplos en ese sentido", ha concluido.