La banca española deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.   

 "Es imprescindible que las autoridades tomen medidas continuas para garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre las entidades, y eso ha hecho el Gobierno", recalcó el ministro, quien concretó que las provisiones por deterioro de valor en la cartera de crédito promotor se elevan del 7% contemplado en el decreto de febrero al 30% del total de alrededor de 122.000 millones de euros que están al corriente de pago.   

"Se actúa con contundencia y decisión sobre los activos no problemáticos del sector promotor y constructor", garantizó el titular de Economía.   

 En concreto, se obligará a la banca a provisionar el 52% de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). También se exigirá una cobertura de un 29% para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14% para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones.    

 Explicó que el Ejecutivo ha aprobado un real decreto que ahonda en las medidas de saneamiento ya adoptadas en la norma del pasado mes de febrero, por lo que consideró que ahora se inicia una "segunda etapa". De Guindos valoró que el incremento en las provisiones de un 23% para la cartera de crédito promotor generará unos niveles "extremadamente elevados e importantes". 

     Las entidades tendrán que presentar ante el Banco de España sus planes para cumplir con las nuevas exigencias antes del 11 de junio, que se suman al saneamiento de 54.000 millones de euros en la cartera de crédito problemático, por lo que la limpieza total del sector ascenderá a unos 84.000 millones de euros. "El conjunto de las provisiones cubrirá un 45% de los activos ligados al sector promotor", sentenció el ministro.   

De Guindos aclaró que estas provisiones se deberán realizar a cargo de los beneficios de las entidades, por lo que asumió que saldrán de las "cuentas de pérdidas y ganancias".  

   FUSIONES HASTA EL 30 DE JUNIO  

  Las entidades que tras este saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital se capitalizaran a través de inversores privados o, en su defecto, podrán solicitar al FROB la suscripción de bonos convertibles contingentes en acciones, los llamados cocos. Además, el ministró elevó al próximo 30 de junio el plazo para presentar planes de integración.     "En el caso de acudir al FROB, no se trata de ningún tipo de ayuda o subvención pública", aseguró De Guindos, para después concretar que los intereses de estos bonos convertibles serán del 10%. "Más del doble de lo que paga el Tesoro por una deuda del mismo tipo (cinco años). Esto supone una red de seguridad para el contribuyente", añadió.  

  Por ello, el ministro de Economía limitó a 15.000 millones de euros de dinero público el eventual coste del saneamiento financiero. En este sentido, indicó que en principio el eventual respaldo público al sector bancario no costará dinero a los contribuyentes, porque lo que se hace es poner a disposición de las entidades unos recursos que deben ser reembolsados y que llevan aparejada una remuneración para el Estado.   

El ministro argumentó esta segunda vuelta de tuerca en el sistema financiero en el intento de hacer fluir el crédito y para que se estimule la venta de viviendas a "precios reducidos". Y defendió que la transparencia debe ser "absoluta" y sin la "más mínima duda", porque si no la recuperación económica será "difícil".