El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la presidenta de Suiza, Doris Leuthard, han evaluado de forma positiva los lazos entre ambos, que han mejorado después de que hace un año el Parlamento suizo eludiera la petición de los votantes de frenar la inmigración procedente del bloque. "Las cosas están yendo en la dirección correcta", ha asegurado Juncker en una rueda de prensa posterior a las reuniones que han tenido lugar en Berna.

Un diplomático que ha participado en estas rondas de conversaciones ha señalado que las posibilidades algo inestables de avanzar en las conversaciones forzaron la celebración de nuevas consultas de última hora durante la jornada del lunes para comprobar si la visita de este jueves se produciría o no.

Sin embargo, Leuthard ha subrayado que Suiza contribuirá con unos 1.300 millones de francos suizos --unos 1.100 millones de euros--, en condición de "pagos para la cohesión" a los presupuestos de la UE durante un período de diez años como un símbolo de solidaridad. Esta propuesta legislativa se llevará al Parlamento en 2018.

Ninguna de las dos partes ha logrado avances en el tratado "marco" con el que Bruselas quiere reemplazar más de 100 acuerdos bilaterales que actualmente definen sus relaciones. Esto aseguraría que Suiza adopte las leyes pertinentes de la UE a cambio de un mayor acceso al mercado único de la unión, algo crucial para sus exportaciones.

Este pacto no ha sido bien acogido por el Partido Popular Suizo (SVP), la formación con mayor presencia en el Parlamento. Muchos políticos conservadores han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que un acuerdo suponga dar a los jueces de la UE potestad para intervenir en las controversias que existen dentro del SVP antes de que se celebren las elecciones de 2019.

"FLEXIBILIDAD"

Las autoridades suizas confían en que la salida de Reino Unido del bloque favorezca la apertura de nuevas vías para abordar los vínculos entre Suiza y la UE. Juncker ha subrayado que atenderá la cuestión británica y las conversaciones con el Gobierno suizo de forma paralela.

Mientras el Gobierno británico se ha decidido a abandonar el mercado único e imponer controles sobre inmigración, el Ejecutivo de Suiza ha señalado que garantizará que los ciudadanos del bloque continúen viviendo y trabajando en el país, el precio a pagar por su acceso al mercado comunitario.

Leuthard ha asegurado que el asunto de los jueces extranjeros sigue siendo difícil pero ha agregado que han "encontrado cierta flexibilidad" y abordarán el asunto "con más profundidad en los próximos meses".

Los acuerdos bilaterales entre Suiza y la UE se debilitaron cuando en 2014 los votantes suizos solicitaron cuotas por inmigración. No obstante, hace un año se produjo un acercamiento cuando el Parlamento decidió otorgar a las personas que se encontraban regularizadas en el país pero en condición de desempleados la oportunidad de acceder a puestos de trabajo.

A esto le han seguido los acuerdos relacionados con un reconocimiento mutuo de las regulaciones industriales y la combinación de los sistemas de comercio de carbono, por lo que se espera que Bruselas reconozca como suficientes las normativas financieras del Ejecutivo suizo.

Un nuevo tratado podría allanar el camino para incrementar el acceso de Suiza a los mercados energéticos de la UE, reducir los costes y garantizar los suministros en situaciones de emergencia. Dicho tratado también podría ayudar a abrir el mercado de la UE a los servicios financieros de los bancos y las compañías de seguros con sede en Suiza.

CONDICIÓN PREVIA

La UE ha dejado claro que el tratado sería una condición previa para llegar a tales acuerdos, que en teoría podrían contribuir a la elaboración de un pacto más atractivo para los votantes suizos de cara a un referéndum inevitable. Un diplomático de la UE ha subrayado que sin tener en cuenta los beneficios, este tratado es "un pato sentado".

Si bien dicho tratado también incluye un objetivo declarado por parte del Gobierno suizo, aunque los conservadores mantengan una postura cautelosa con respecto a los "jueces extranjeros".

Una encuesta realizada este mes por la empresa de servicios financieros Credit Suisse ha puesto de manifiesto que el 60 por ciento de los ciudadanos suizos apoyan la actual red de acuerdos bilaterales, lo que supone una bajada brusca con respecto al 81 por ciento de población que manifestó su acuerdo en 2016, mientras que el apoyo mostrado para poner fin a dichos acuerdos se ha incrementado nueve puntos al pasar a un 28 por ciento.

Esta encuesta es un signo de lo contradictorios que pueden ser los deseos de la población suiza. Cerca de un 80 por ciento está a favor de solicitar cuotas para controlar la inmigración, mientras que un 85 por ciento defiende el libre acceso a los mercados extranjeros.

El SVP ha emprendido una campaña de referéndum para acabar con los acuerdos bilaterales y controlar la inmigración en un país donde un cuarto de la población es extranjera.