Fuentes ha acusado a Bonadío de los delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según ha informado la agencia de noticias Télam.

   El senador ha explicado que la denuncia se basa en las noticias publicadas el martes por la prensa argentina, según las cuales Bonadío posee el 20 por ciento de las acciones de Mansue, una empresa dedicada a la venta de combustible.

   "Sugestivamente, el accionista mayoritario es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadío, quien posee el 40 por ciento de la empresa, junto a Fernando y Alejandro Climent, que completan el paquete accionario con un 20 por ciento cada uno", ha detallado.

   Bonadío --ha argumentado Fuentes-- no puede formar parte de esta empresa porque el código de la judicatura prohíbe a jueces y magistrados ejercer una actividad lucrativa sin autorización previa, en este caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones.

   Además, el senador ha apuntado que Mansue no ha presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de 2011 y 2012, por lo que "no resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado".

CRÍTICAS DEL GOBIERNO

   El Gobierno argentino ha cargado en los últimos días contra Bonadío por ordenar la semana pasada el registro de Hotesur, una de las empresas de Fernández de Kirchner, por supuestas irregularidades administrativas.

   El secretario de Justicia, Julián Álvarez, ha acusado a Bonadío de "elegir las causas para extorsionar". "Cada vez que viene en el orden del día una causa contra Bonadío, dentro del Consejo de la Magistratura, él realiza una medida contra el Gobierno buscando repercusión mediática", ha dicho.

   Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Florencio Randazzo, ha denunciado que hay una parte del Poder Judicial que "es funcional a la Argentina corporativa del poder económico y mediático que impide que haya un presidente independiente".

   La semana pasada, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ya acusó a la Justicia de "golpismo activo" por el registro en Hotesur, denunciando un "ataque despiadado" contra el Ejecutivo mediante "una clara persecución política de hostigamiento judicial".

REGISTRO EN HOTESUR

   Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron el lunes allanar las oficinas de Hotesur en Buenos Aires y pidieron información a la IGJ y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre esta empresa.

   Al parecer, Hotesur no funciona en su sede oficial, no ha presentado sus últimos balances, no ha informado sobre la renovación de sus autoridades y adeuda tasas a la IGJ, por lo que estaría incumpliendo los requisitos básicos que deben cumplir las empresas argentinas.

   Hotesur ha aclarado en un comunicado que sus datos contables entre 2009 y 2013 "han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

   Asimismo, ha asegurado que "ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas por dichos periodos", descartando tener deudas con la AFIP.

   Sin embargo, ha reconocido una "demora en la formalización de trámites administrativos" respecto a su cambio de domicilio legal, si bien ha reiterado que "resulta más que evidente que el mismo está en Santa Cruz, como es de conocimiento general".