El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha puesto en duda este martes que los Mossos d'Esquadra tuvieran realmente un plan para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el Parlament de Cataluña, el 27 de octubre de 2017. Sin embargo, el mayor José Luis Trapero ha asegurado que ordenó su diseño "dos días antes" de esa fecha para estar preparados por si así lo pedían las autoridades judiciales.

El representante del Ministerio Público ha cerrado su interrogatorio, que comenzó este lunes y que en total ha durado unas ocho horas, sorprendiendo a Trapero al preguntarle directamente por qué en la instrucción de la causa abierta en la Audiencia Nacional no hizo referencia a este plan y sí en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio por el 'procés' independentista. "Intento responder a lo que se me pregunta", ha defendido Trapero.

El mayor explicó en el alto tribunal, y lo ha vuelto a repetir en el juicio que celebra la Audiencia Nacional, que tras conocer que se había aprobado la DUI, envió sendas cartas al fiscal superior de Cataluña y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para "ponerse a su disposición" por si daban cualquier orden de detención, ya que era consciente de la "gravedad" del asunto, aunque no sabía valorar si se había incurrido en algún tipo de delito.

Ante la insistencia del fiscal, que ha querido saber si existe un documento que sustente la versión del plan de detención, la abogada de Trapero, Olga Tubau, ha interrumpido para recordar que ella misma preguntó a su representado durante la instrucción sobre estas comunicaciones con las autoridades fiscales y judiciales y ha recordado que el mayor "explicó" que también se puso a disposición de la justicia para recibir cualquier tipo de instrucción a través de "dos cartas".

Esto ha hecho que el fiscal precisase su pregunta para concretar que lo que quería conocer es por qué Trapero no ofreció ese plan concreto de detención a las dos autoridades antes o aparte de ponerse a su disposición, a lo que el mayor ha confesado que, "como mucha gente" en aquel momento, pensaba que la DUI "no iba a suceder".

Según el mayor, la idea de elaborar un plan surgió el día 24 de octubre de 2017 en una reunión que mantuvo con los comisarios Ferran López, quien sustituyó a Trapero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y Joan Carles Molinero en la que hablaron "sobre qué iba a pasar" y si se iban a convocar elecciones. Por ello, pensaron que si finalmente se aprobaba la DUI, desde el "ámbito judicial" podrían mandar una orden de detención, por lo que pensaron en diseñar dicho plan de arresto para estar prevenidos.

"El encargo fue por escrito al comisario Ferran López" el día 25 de octubre --dos días antes de la DUI-- a través de un correo electrónico y que, según ha dicho, se aportó a la causa. En él se define "quienes son los mandos para proceder a la detención de los consejeros", ha dicho, al mismo tiempo que ha invitado al fiscal a revisar: "Usted valorará, señoría", ha concluido.

"POSIBLES ESCENARIOS PARA EL VIERNES"

En dicho e-mail, que fue enviado por el que era mano derecha de Trapero entonces, Francisco Javier Gámez, por orden del mayor y con copia a altos mandos de los Mossos, fue aportado a la causa y literalmente se solicitaba a López que presentara al día siguiente a las 10.00 horas un documento "sobre posibles escenarios previstos para el próximo viernes", es decir, el día que se había convocado la sesión del Parlament para aprobar la DUI.

También se le pedía "la previsión del dispositivo policial a ejecutar que asegure el cumplimiento de las órenes judiciales que a tal efecto se puedan recibir, así como también garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público".

Este dispositivo, añadía Gámez por indicación de Trapero, estaría activo al menos desde las 15.00 horas del 26 de octubree hasta las 15.00 del día 28, aunque su finalización podría ampliarse en función de las necesidades.

En las cartas que remitió al TSJC y la Fiscalía Superior, también aportadas a la causa, Trapero les comunicaba que había "tenido conocimiento de la aprobación de la declaración de independencia por parte del Parlament", para añadir que aunque desconocía las "consecuencias jurídicas" de la misma y "sobre quiénes" podían recaer, los Mossos se ponían "a disposición" de ambos "para dar cumplimiento a las órdenes que en relación con estos hechos se puedan derivar".

Pero además, al sumario de la causa se incorporó en julio pasado un informe elaborado por Ferran López y Joan Carles Molinero en el que se explica que el mayor les pidió "máxima discreción" en la planificación para garantizar su efectividad si finalmente tenían que llevarse a cabo tales detenciones. Por ello, para evitar alguna filtración "no se plasmó por escrito en ningún documento".

En el texto se indica asimismo que Trapero ordenó que las detenciones debían practicarse "necesariamente" por un binomio policial formado por miembros de la escala superior del Cuerpo de Mossos, es decir, intendentes o comisarios, a quienes se les asignaron la detención concreta de uno de los miembros del Gobierno de Puigdemont.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIAS

El informe, que describe los distintos escenarios que habrían podido generar durante la detención, detalla que se pensó en habilitar una serie de despachos del complejo policial de Egara, sede de los Mossos, para custodiar al expresident y sus exconsejeros "antes de pasar a disposición judicial", por lo que se analizaron las medidas de seguridad que debían adoptarse, como por ejemplo, "la necesidad de la extracción de las manillas de apertura de las ventanas".

También se planificó, apunta el documento, contar con el máximo de efectivos el Grupo Especial de Intervención de los Mossos para el traslado de los detenidos a dependencias judiciales, así como la disponibilidad de un helicóptero por si era necesario "hacer el traslado urgente y seguro".