El grupo de personas que estábamos en edad de acceder a un trabajo en los años 80 nos encontramos con una barrera casi imposible de salvar, un paro estructural que vedaba el acceso a la empresa privada salvo para los "elegidos", es decir, aquellos que había  tenido la fortuna por su talento o aptitudes de conseguir una formación muy especializada especialmente en la rama científica o que contaban con buenas relaciones personales o familiares. Pero lo peor era que al empleo público, con la excepción de algunas oposiciones a los altos cuerpos jurídicos o económicos, no se accedía, como había sido habitual durante todo el siglo XX, mediante una oposición libre sino que este sistema fue sustituido por la figura del concurso-oposición que no proponía el conocimiento de un temario, esto también figuraba como coartada, pero lo que en realidad sucedía era que la parte del concurso, la decisiva, exigía un perfil del candidato adecuado para acceder a la plaza al que sólo le faltaba el nombre de la persona previamente elegida por el poder político competente.

Este estado de  cosas trajo como consecuencia que una gran parte de españoles haya malvivido en empleos basura en los que ni siquiera se les daba de alta en la seguridad social, de la asistencia social o los más afortunados a costa de la generosidad de la familia fundamentalmente de sus padres.

La llegada del gobierno Aznar no cambió este estado de cosas a pesar del "milagro" económico que protagonizó su vicepresidente económico Rodrigo Rato, hoy imputado por corrupción. Y no las cambió porque el paro siguió por las nubes a pesar de la bonanza económica, algo que los expertos pasaron a llamar paro estructural y se quedaron tan anchos. En cuanto a las oposiciones nada cambió, si acaso se agravó porque "los maricomplejines" no se atrevieron a cambiar ni las normas, ni las personas que habían establecido sus antecesores socialistas, incluso permitieron a algún "funcionario" sociata marchar con la plaza "puesta" a una "embajada" autonómica. Nada se puede añadir que no se sepa de lo sucedido con Zapatero y ahora con Rajoy: el continuo agravamiento de la situación anterior.

Pero no acaban aquí las agresiones contra los ciudadanos. Antes había aludido a aquellos que apenas se había cotizado por ellos a la seguridad social por su trabajo, pues bien cada gobierno ha ido endureciendo las condiciones para conseguir una pensión de jubilación si has trabajado en condiciones precarias, la cosa mejora si te dedicaste al "dolce far niente", no olvidemos la existencia de las pensiones no contributivas a las que no les queda otro remedio que recurrir a algunas personas que han trabajado duro toda su vida pero en condiciones leoninas cercanas a la explotación y que reciben el mismo salario que los que han vivido toda su vida de la ayuda social, algo a lo que les ha alentado la misma política de empleo porque en ocasiones recibían un salario más alto por no hacer nada que si trabajaban duramente y claro de tontos lo justo.

Hay otro grupo constituido por la gente que ha sobrevivido con la ayuda de sus padres ante la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo que los desechaba primero porque eran jóvenes y no tenían experiencia, después porque ya eran unos verdaderos ancianos de treinta y tantos y las nuevas generaciones "venían apretando fuerte". Su única suerte era que sus padres contaban con una posición de cierto desahogo económico y que primero con su ayuda y después con la herencia de esos bienes podrían subsistir. Vana esperanza "papá-Estado" en este caso materializado en la autonomía, aparece con la guadaña y sin mirar su situación vital les mete tal "fesoriazo", como dicen los campesinos asturianos, con los impuestos sucesorios, a los que se deben añadir las plusvalías municipales en caso de los bienes inmuebles, que en una cantidad muy elevada, tanto que aparece reflejada en los medios, opta por renunciar a la herencia ante la imposibilidad de pagar toda esa maraña de impuestos sucesorios. Nadie les pregunta si han cuidado de sus padres enfermos y ancianos,  eso da igual, aunque libre a la Administración de realizar esa labor.

Para ser justos las comunidades del PP en general han derogado ese impuesto, no así los ayuntamientos de ese mismo signo, incluso el gobierno Aznar elevó las plusvalías en la renta que Felipe González si el inmueble llevaba mucho tiempo en la misma familia exoneraba de ese gravamen. Esta situación ha llegado al ridículo, si no fuera por el daño que encierra. Resulta que el precio de los inmuebles se ha desplomado con la crisis pero Hacienda sigue valorándolos como en el epicentro de la burbuja inmobiliaria, eso sí, para cobrar porque si tienes que poner uno como aval entonces el mismo inmueble se desploma en su valoración.

Solo hay una conclusión posible: hay todo un grupo de la ciudadanía española a la que el Estado, regido por el partido que sea, le ha robado la vida y no ha parado hasta verlo convertido en un indigente. Se preguntarán qué si el grupo que describo es muy nutrido acabarán teniendo un grave problema social. Ni hablar, nuestro estado antropófago, ya lo tiene resuelto, a esa generación que citaba al comienzo y que hoy está entre los cincuenta y los sesenta se les encontrará acomodo enseguida dándoles "matarile", bajo la metáfora del derecho a una muerte digna, y como dice un refrán "muerto el perro se acabó la rabia"

De los jóvenes que hoy rozan la treintena y que no han emigrado a malvivir en países extranjeros tienen un horizonte similar o aún más negro si esto  cabe.