El encuentro se produce un día antes del crucial Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, en el que está previsto que los líderes europeos den un impulso a la unión bancaria. La norma en cuestión es una de las piezas fundamentales de la unión bancaria y un segundo fracaso del Ecofin pondría en riesgo el éxito de la cumbre.

   El objetivo de la directiva es que en el futuro sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen quiebras bancarias, y evitar fiascos como el rescate de Chipre, donde en un primer momento se intentó imponer quitas incluso a los depósitos de menos de 100.000 euros.

   El principal escollo que impidió el acuerdo el pasado viernes fue el grado de flexibilidad que debe permitirse a las autoridades nacionales para salvar a determinados acreedores de las quitas. Francia, Reino Unido y otros países de fuera de la eurozona reclamaban el máximo margen de maniobra, frente a Alemania, Holanda o Austria que piden que todos los acreedores asuman pérdidas casi de forma automática.

   El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, ha avisado de que un exceso de flexibilidad conduciría a una situación de desigualdad en la que "los países que pueden permitírselo harían rescates, mientras que el resto tendrían que aplicar quitas".

   Sobre lo que ya hay acuerdo en el Ecofin, según ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, es en la protección de los depósitos, tanto los de menos de 100.000 euros, que están absolutamente garantizados, como los superiores en manos de pymes y particulares.

   La protección de los depósitos era la prioridad del Gobierno puesto que constituyen la principal fuente de financiación de la banca española. Los primeros en asumir pérdidas, según la directiva, serán los accionistas, seguidos de preferentistas, bonistas sénior y grandes depositantes. Sólo en casos extremos en los que toda esta aportación no sea suficiente para cubrir las pérdidas se recurrirá a depósitos de pymes y empresas.

   La discusión del Ecofin se centrará en determinar en primer lugar qué porcentaje mínimo de los pasivos bancarios debe asumir pérdidas antes de que se permita a las autoridades nacionales salvar a determinados acreedores de las quitas. La propuesta de compromiso que puso el viernes sobre la mesa la presidencia irlandesa fue el 8%, considerado insuficiente por países como Holanda.

   Una vez aplicada la quita a estos pasivos, se trata de establecer el margen de flexibilidad que tendrán los Estados miembros para salvar de las quitas a determinados acreedores. Dublín planteó fijar este margen en el 5% de los pasivos, pero no logró el consenso. Esta exclusión se financiaría con la intervención del fondo de resolución que cada país deberá crear prefinanciado por la propia banca.

   En todo caso, Guindos aseguró que España está cómoda en estos parámetros, pese a que resultará perjudicada por la flexibilidad al ser uno de los países que ya no disponen de recursos en el fondo de garantía de depósitos para acudir al rescate de los acreedores.