Así lo indican los investigadores de FEDEA Florentino Felgueroso y Ángel de la Fuente en el tercer boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid, que publica Fedea.

"No tendrán ningún incentivo pecuniario para buscar trabajo o trabajar durante más horas, si tienen empleo, porque sus ingresos totales seguirán siendo los mismos en cualquier caso, siempre que sus ingresos propios no superen el umbral garantizado. Más aún, dado el tratamiento confiscatorio que se da a los ingresos declarados, los incentivos a 'trabajar en negro' serán muy fuertes", opinan.

Así, aunque consideran acertado que el Gobierno haya optado por hacer compatible la percepción del ingreso mínimo con el trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, precisan que también "se ha impuesto un tipo marginal de gravamen del 100% sobre las rentas propias de los beneficiarios".

En este sentido, añaden que "la prestación se reducirá en la misma cuantía en la que aumenten su otros ingresos declarados, dejándoles sin incentivos económicos para buscar un trabajo o trabajar más tiempo, salvo que sea 'en negro'".

El segundo aspecto mejorable para la FEDEA es la decisión de ligar la cuantía a los ingresos del año anterior en vez de adoptar una referencia más reciente. Aunque se introduce una excepción para este año para acelerar la llegada de las ayudas a las víctimas del Covid-19, la FEDEA señala que en condiciones normales el procedimiento adoptado generará "un retraso muy considerable" en la percepción de la ayuda.

Además, dejando de lado los "posibles conflictos de competencias", la FEDEA cree que la norma "no resuelve satisfactoriamente la complicada cuestión de la coordinación con las CCAA".

Esto afecta, según indica, al diseño de la prestación, pues la renta estatal se introduce antes de que se hayan podido adaptar las rentas autonómicas a la nueva situación, y también a su gestión porque el Estado dependerá en la práctica de los servicios sociales y de empleo autonómicos para llegar a los que más necesitan la prestación y para tratar de facilitar su inserción en el mercado de trabajo, "lo que podría resultar complicado si estas administraciones no perciben el IMV como un programa propio".

En todo caso, la FEDEA valora la prestación como "razonable" pues con ella "se colma la principal laguna que persistía en las medidas adoptadas para proteger a los hogares de los efectos de la crisis del Covid" aunque puntualiza que llega "con un retraso considerable". Además, dice que todavía es pronto para saber si llegará a todas las familias necesitadas.

También apunta que es una medida "presupuestariamente costosa y difícilmente reversible" y lamenta que no se haya podido tener "un debate social más reposado, considerando distintas alternativas y buscando un consenso amplio que garantizase su estabilidad".