Desde octubre de 2017 opera en la norteña provincia de Cabo Delgado un grupo islamista al que los residentes han dado en llamar Al Shabaab ('los jóvenes'), sin que se haya constatado ninguna relación con el grupo del mismo nombre activo principalmente en Somalia y vinculado con Al Qaeda.

Lo que comenzaron siendo ataques esporádicos principalmente contra las fuerzas de seguridad y las autoridades en el punto de mira, ha pasado a convertirse en un goteo cada vez más frecuente e indiscriminado, lo que incluye, además de la destrucción o quema de viviendas, algunas decapitaciones y violaciones. Como resultado de ello, la mayoría de las víctimas son ahora civiles.

La respuesta de las fuerzas de seguridad, como ya ha ocurrido en otras partes del continente frente a la amenaza yihadista, ha sido contundente y se han producido "arrestos arbitrarios", según ha denunciado Human Rights Watch (HRW). Además, también han sido destruidas algunas mezquitas, lo cual ha exacerbado los ánimos entre la población.

El hecho de que el grupo islamista carezca de un líder visible y que no haya realizado declaraciones públicas sobre sus intenciones y acciones supone un reto adicional a la hora de hacerle frente.

Aunque algunos de sus líderes han sido identificados, parece carecer de una estructura de mando central y está integrado por células de unos 10 o 20 hombres. En total, habría entre 350 y 1.000 insurgentes, según un reciente artículo de Melanie Müller y Judith Vorrath para el Instituto Alemán para los Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP).

A esta falta de información se ha sumado un componente adicional: Estado Islámico ha venido reivindicando, en nombre de su provincia en África Central, varios ataques en Cabo Delgado desde junio pasado, si bien los expertos dudan de que exista una relación estrecha entre ambos grupos.

UN CALDO DE CULTIVO IDEAL

En cualquier caso, las características propias de la provincia de Cabo Delgado han hecho que sea el caldo de cultivo ideal para la proliferación de una insurgencia islamista. De población fundamentalmente musulmana, también existen en la provincia divisiones de carácter étnico entre los makonde, mayoritarios, y los mwani, que se sienten discriminados.

La provincia es una de las más pobres de Mozambique y sus habitantes se sienten en gran medida olvidados por el Gobierno, debido a las escasas infraestructuras y la falta de servicios sociales. Los altos niveles de desempleo entre los más jóvenes han supuesto una baza clave para el reclutamiento por parte de los islamistas.

Los habitantes de Cabo Delgado también sienten que no se están beneficiando de los recursos naturales de la región. El distrito de Montepuez alberga la mayor reserva de rubíes del mundo, que opera en concesión la multinacional Gemfields.

Según un informe del 'think-tank' Africa Center por Strategic Studies (ACSS), la firma ha contratado a empresas de seguridad que presuntamente han destruido propiedades de mineros tradicionales, han torturado y asesinado a algunos residentes, con el fin de empujarles a abandonar la zona en la que Gemfilds tiene la concesión.

Por su parte, la petrolera estadounidense Anadarko ha obtenido la concesión para operar una de las mayores plantas mundiales de gas natural licuado (LNG) y para desarrollar un puerto para que puedan atracar los barcos diseñados para transportar esta sustancia.

Para desarrollar este proyecto, según explica ACSS, han tenido que ser reasentados miles de agricultores y pescadores de la península de Afungi, en el distrito de Palma.

Los líderes locales se han quejado de que los fondos destinados para ayudar a las personas desalojadas se han desviado y que estas han recibido compensaciones inadecuadas por sus tierras, lo que habría contribuido a generar un cierto sentimiento negativo entre la población y habría empujado a algunos de los jóvenes reasentados a engrosar las filas de Al Shabaab.

NODO DE LAS REDES DE CRIMEN ORGANIZADO

Otro de los factores subyacentes en la situación en Cabo Delgado es que la provincia es un importante nodo de las redes del crimen organizado que comercian con animales, madera, piedras preciosas, oro y drogas, así como con personas, según el artículo del citado 'think-tank', dependiente del Departamento de Defensa estadounidense, firmado por Gregory Pirio, Robert Pitelli y Yussuf Adam.

Para el funcionamiento de estas redes de tráfico ilícito operen, es necesaria la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad, lo que contribuye a fomentar la desconfianza de los habitantes en las autoridades, a las que se ve como corruptas.

Aunque se ha especulado con que los yihadistas también se beneficiarían de la caza furtiva y el comercio ilegal de madera y rubíes en la provincia, no está claro la relevancia que para su financiación tienen dichos recursos en comparación con los obtenidos por otras vías, explica por su parte el SWP.

"Hay poco que sugiera que el grupo, con su imprecisa estructura y simples medios, haya conseguido obtener altos beneficios y mucho menos controlar los flujos o rutas de tráfico ilícito", sostienen en su artículo para el 'think-tank' alemán Müller y Vorrath.

LA RESPUESTA NO PUEDE SER SOLO MILITAR

Así las cosas, tanto el SWP como ACSS, coinciden en que la respuesta frente a la amenaza yihadista en el norte de Mozambique no debe limitarse a la acción de las fuerzas de seguridad. "Hacen falta nuevas respuestas urgentes (...) pero no deben limitarse a medidas represivas o confinadas solo a Cabo Delgado", advierten en su artículo para el 'think-tank' alemán las dos expertas.

Las fuerzas de seguridad deben garantizar la protección de la población o de lo contrario "existe el riesgo de que los grupos de autodefensa, que ya han sido establecidos por las comunidades locales, cada vez más se tomen la justicia por su mano".

"Una continuada intervención de mano dura por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno probablemente llevará a más radicalización y tensión", advierten por su parte los autores del artículo para el 'think-tank' estadounidense. Además, añaden, "restar importancia a la situación calificándolo de 'bandidaje', como han hecho representantes del Gobierno, e ignorar la narrativa más amplia de quejas socioeconómicas también corre el riesgo de agudizar el problema".

Por otra parte, desde el SWP apuestan por un posible diálogo. "Dada la naturaleza descentralizada del grupo, deberían explorarse canales de comunicación, así como opciones para permitir que los miembros menos radicales lo dejen".