El consorcio encargado la construcción de las nuevas esclusas en la ampliación del Canal de Panamá, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que participa la empresa española Sacyr, atribuye los sobrecostes de 1.600 millones de dólares (1.177 millones de euros) a problemas geológicos no detectados, según ha manifestado este sábado el gerente del GUPC José Peláez.

   En declaraciones a la prensa, Peláez ha precisado que los problemas geológicos fueron detectados a lo largo de al menos 2,5 kilómetros de extensión en la zona del océano Pacífico y ha asegurado que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no las localizó antes de convocar la licitación para la ampliación del enclave.

   "Esta condición geológica, no previstas por el GUPC y la ACP, ha alterado las condiciones técnicas originales bajo las cuales el GUPC licitó y es por ello que el sobrecosto debe ser asumido por la entidad licitante", ha declarado Peláez, gerente del proyecto de construcción de las esclusas en el Atlántico.

   El representante del GUPC --también integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa-- ha adelantado que el cumplimiento del contrato no solo implica el coste de la ejecución de las obras pueda duplicarse o triplicarse, sino que no hay garantías técnicas sobre el diseño de cara al futuro.

NEGATIVA A NEGOCIAR

   El coordinador de la Junta Directiva del GUPC, Paolo Möder, ha señalado este sábado que la ACP se ha negado a sentarse en la mesa de negociaciones a fin de evitar la suspensión de las obras del proyecto de ampliación en el estrecho panameño.

   En una rueda de prensa, Möder ha enfatizado que ha sido la ACP la que se ha negado a buscar una solución y ha puntualizado que el consorcio está capacitado en este momento para finalizar la ampliación del Canal de Panamá debido a que cuenta con el personal requerido para ello, según ha informado el diario panameño La Prensa.

   Ante la expiración del plazo dado por el GUPC de 21 días el pasado 1 de enero, el coordinador de su Junta Directiva ha aseverado que el consorcio va a luchar por sus derechos en los países que sea necesarios y hasta las últimas instancias, tribunales internacionales inclusive, de acuerdo con el periódico panameño Panamá América.

   Las autoridades panameñas y el GUPC iniciaron unas negociaciones el pasado viernes para tratar de desencallar la puesta en marcha de la ampliación de una de las principales vías marítimas del mundo, por donde circula el cinco por ciento del comercio mundial.

OTROS COSTES ADICIONALES

   El GUPC ha amenazado con suspender las obras debido a los costes adicionales que implica el proyecto y lanzó un ultimátum a la ACP el 1 de enero para que, en un plazo de 21 días, cumpla con los requisitos establecidos por el consorcio. Por su parte, la ACP ha sostenido en un comunicado emitido este sábado que el GUPC tuvo 14 meses para estudiar con detenimiento todas las aristas de la obra antes de presentar su propuesta.

   En este punto, Möder ha precisado que el sobrecoste de la obra se debe, además de a los problemas geológicos, al basalto, al concreto y a que la calidad de las piedras que se están extrayendo no es la mejor para las operaciones de relleno de la obra.

   El consorcio obtuvo la adjudicación del proyecto en julio de 2009 con un coste de 3.120 millones de dólares (casi 2.296 millones de euros), una cifra que era considerablemente inferior al coste estipulado por los otros dos competidores en la puja.

   La ampliación de Canal de Panamá se ha completado al 72% y el avance de la construcción de las nuevas esclusas, de la que se encarga el GUPC, se sitúa en torno al 65%, según las estimaciones de la ACP.