Domingo, 19 de mayo de 2024
Y LA RENOVACIÓN DE SUS MIEMBROS
El Consejo de Ministros aborda dos proyectos sobre la reforma del CGPJ
El Consejo de Ministros ya acordó el día 1 de febrero un anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que suspende el artículo 112 y parcialmente el artículo 114 de la norma vigente. El primer precepto hace referencia al procedimiento de designación de los 12 vocales de adscripción judicial, que serán elegidos entre una lista de 36 candidatos.
El artículo 114 establece que el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años, computados desde la fecha de su constitución.
Según Justicia, la suspensión de los trámites para la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces con el objetivo de que la próxima renovación, prevista para el 24 de septiembre, se realice según lo previsto en la reforma del Consejo.
La reforma permitirá que pueda solicitar su candidatura cualquier juez o magistrado en activo que reúna 25 avales de sus compañeros o el de una asociación judicial. La lista completa de candidatos (no 36 como hasta ahora) se elevará a las Cortes para que el Congreso y el Senado elijan a los vocales que a cada una de estas Cámaras le corresponde.
OTRAS MATERIAS
Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto abordar este viernes un informe sobre el anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, encaminada a mejorar la conservación, accesibilidad y eficiencia energética en los edificios y ciudades.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó el pasado sábado que la nueva ley debe fomentar la accesibilidad e impulsar el aislamiento de las viviendas del ruido, el frío y el calor para reducir la factura energética.
Asimismo, dijo que la renovación de la trama urbana y de los barrios van a ser las "señas de identidad" del Plan de Vivienda para el periodo 2013-2016, un plan que, en su opinión, "tiene que ser flexible y contar con todas las administraciones".
Finalmente, el Ejecutivo también tiene previsto dar luz verde a un decreto por el que se aprueba un convenio especial para personas con discapacidad con especial dificultad de inserción laboral.
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