El Comité ha elaborado su informe tras visitar varias comisarías de Policía y centros penitenciarios en Bélgica entre el 27 de marzo al 6 de abril el año pasado y ha lamentado, entre otras cuestiones, la falta de avances "concretos" para poner en marcha un dispositivo "viable" que permita "respetar en todas las circunstancias" los derechos de los detenidos en el marco de acciones colectivas del personal penitenciario.

Así, estima que "la incapacidad de las autoridades belgas de poner en marcha tal dispositivo pone a un gran número de personas detenidas en riesgo de tratos inhumanos y degradantes y de agravar situaciones ya consideradas intolerables, pone en peligro la salud y la vida de estas personas y compromete la seguridad de los establecimientos afectados". El informe llama a encontrar una solución apropiada "rápidamente" para "resolver este problema de gravedad excepcional".

Por lo que se refiere a la masificación en las cárceles, el Comité contra la Tortura ha avisado de que la tasa media de sobrepoblación supera el 16% pese a los esfuerzos para reducirla en los últimos años por partes las autoridades belgas y la masificación sigue siendo "muy preocupante en algunos centros", notablemente en la cárcel de Saint-Gilles, donde la tasa supera el 50%.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

La delegación también "ha recogido varias denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza, generalmente en el transcurso de la detención o poco después de esta", ha subrayado el organismo en su informe, hecho público el jueves a petición del Gobierno belga.

El Comité ha precisado que estas alegaciones se referían al uso de "técnicas de inmovilización de alto riesgo", "golpes de policías cuando estaba inmovilizados" y el uso de esposas "muy apretadas", mientras que "algunos miembros de los servicios de la Policía Federal" fueron acusados de "proferir insultos de connotación racista poco después de la detención". "Ninguna persona ha presentado una denuncia por maltrato durante los interrogatorios de la Policía", ha precisado.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha reclamado al Gobierno belga "tolerancia cero" contra "toda forma de malos tratos" y "mejorar la formación de la Policía, notablemente en lo que respecta al uso de la fuerza y la deontología policial".

Aunque el sistema legal belga reconoce "garantías" contra el maltrato de personas sospechosas de haber cometido un delito penal durante la detención preventiva, su acceso a un abogado y médico, derecho a llamar a una persona próxima y a ser informados de sus derechos, el Comité ha constatado que "determinadas disposiciones de la ley no han sido aplicadas todavía en la práctica".

En el caso de la detención administrativa, las personas recluidas no tienen acceso a abogado, algo que el Comité pide a Bélgica garantizar, así como mejorar el acceso a un médico de las personas detenidas por la Policía.