El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero con el apoyo del PP, UPN y de Coalición Canaria, y las abstenciones de CiU y PSOE, que sí habían respaldado la última reforma y que ahora esperan poder introducir cambios durante la tramitación de la norma como proyecto de ley.

    Así, frente a los 303 diputados del PP, PSOE y CiU que en febrero votaron a favor de la reforma del sistema financiero, hoy el respaldo al decreto se ha quedado en 178 parlamentarios, con el rechazo de los 28 representantes de UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la izquierda minoritaria, además del PNV, que hace tres meses se abstuvo en este punto.  

  Las principales críticas de la oposición se han centrado en la falta de negociación del decreto por parte del Gobierno, así como por la inyección de más dinero público en las entidades financieras mientras se aplican recortes en las partidas presupuestarias de gasto. La exigencia de depuración de responsabilidades, particularmente en el caso Bankia, también ha estado muy presente en el debate.   

 Así las cosas, los populares han sacado adelante esta nueva reforma --la cuarta en dos años-- con la que pretende elevar las provisiones de los activos bancarios (incluidos los que actualmente están sanos) así como separar la cartera inmobiliaria en agencias independientes en las entidades en las que ha intervenido el FROB. La medida incluye asimismo la elaboración de una auditoría por parte de expertos independientes del conjunto del sector y de cada entidad en particular.

CAMBIOS EN LA TRAMITACIÓN   

 Tras la aprobación del decreto, la Cámara baja ha decidido por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley, por lo que los grupos tendrán ahora la posibilidad de introducir cambios para mejorar el texto.   

En este sentido, el PSOE ya ha pedido que se eviten las indemnizaciones a directivos de entidades intervenidas y que las nacionalizaciones no cuesten "ni un euro" a los ciudadanos, modificando la normativa que obliga al Estado a vender sus participaciones en las entidades intervenidas en un plazo máximo de tres años.  

  También exigen que no se creen bancos malos ni se aporte dinero público para sanear los activos tóxicos, así como que se promuevan programas para reestructurar la deuda de las familias y dar una solución a las participaciones preferentes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha mostrado su coincidencia con estas peticiones y se ha comprometido a negociar su inclusión en el texto definitivo.