El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', han rubricado este jueves la versión corregida del acuerdo de paz original en una sobria ceremonia celebrada en el Teatro Colón de Bogotá.

Santos ha reiterado que la refrendación y la implementación se harán por la vía parlamentaria, en lugar de ir a un segundo plebiscito, y ha confiado en que el Congreso dé su visto bueno a los textos de La Habana "la próxima semana" para comenzar cuanto antes la aplicación.

El jefe de Estado ha sostenido que la implementación "es una labor fundamental, tan importante como el acuerdo mismo", porque "se abre allí una puerta para buscar consensos y espacios de entendimiento" donde "el aporte de todos será muy valioso".

"Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad, a que participen, contribuyan y logremos así un gran acuerdo nacional para la implementación de la paz (...) Demostremos que podemos poner el país por encima de los intereses políticos", ha pedido.

En la misma línea, 'Timochenko' ha reclamado "su pronta y eficaz implementación (...) a fin de desatar la edificación de la convivencia pacífica y democrática". A este respecto, ha recordado la fragilidad de la actual situación, con una tregua que expira el 31 de diciembre. "Es inaudito que a estas alturas sigan cayendo guerrilleros", ha denunciado.

El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha llevado el nuevo acuerdo al Congreso nada más concluir la firma protocolaria, acompañado por una carta de Santos en la que urge a diputados y senadores a completar los trámites lo antes posible y de un resumen de los cambios.

La Cámara de Diputados ya ha fijado fecha para el primer debate: el 30 de noviembre. Después, el Senado tendrá que celebrar su propia discusión. Cuando las dos sedes legislativas hayan dado su 'placet', el acuerdo habrá quedado aprobado, según informa el diario colombiano 'El Tiempo'.

Entonces comenzarán las sesiones para implementar punto por punto el contenido del acuerdo, según ha recomendado el Consejo de Estado. Para hacer realidad lo pactado por el Gobierno y las FARC se necesitará una gran actividad legislativa y de revisión constitucional.

Gobierno y FARC realizan un último ajuste al

acuerdo de paz

Las delegaciones del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han hecho un último ajuste al acuerdo de paz, poco antes de que se llevara a cabo la firma protocolaria del mismo, que ha tenido lugar este jueves en el Teatro Colón de Bogotá.

La Casa de Nariño ha explicado en un comunicado que han realizado estas modificaciones "después de reuniones en el interior del Gobierno con el fin de aclarar el alcance del acuerdo respecto a los agentes del Estado" implicados en los crímenes de la guerra.

Han variado la definición de "grave crimen de guerra", que queda como "toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática", eliminando así la coletilla "como parte de un plan o política".

También matizan que por agente del Estado se entenderá toda persona que "por causa, en ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado" hubiera cometido una conducta criminal como trabajador o contratista estatal.

Además, han eliminado la definición de responsabilidad de mando que contenía la anterior versión: "la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos en relación con la ejecución de la conducta delictiva".

Por último, han indicado que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) --que se encargará de juzgar los crímenes del conflicto armado-- deberá aplicar de forma "obligatoria" el principio de favorabilidad con los agentes del Estado.

El nuevo acuerdo de paz, con un total de 310 páginas, es el resultado de más de un mes de negociaciones entre el Gobierno y las FARC para incluir las 500 propuestas que han recibido de distintos sectores sociales y partidos políticos.

El triunfo del 'no' en el plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre sobre el acuerdo original obligó a las partes a volver a la mesa de conversaciones para modificar el texto pactado con las propuestas del sector crítico.