Según informa el diario venezolano 'El Universal', Andrés Eloy Méndez, candidato del PSUV por Falcón, presentó el 7 de enero un recurso de impugnación de los resultados electorales en dicho estado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

   Es el octavo recurso que el PSUV introduce en el TSJ cuestionando la victoria en las urnas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). En total, son 12 los diputados opositores investigados, tres de los cuales han tenido que dimitir cautelarmente.

   Las denuncias de fraude electoral del 'chavismo' por la cantidad de votos nulos registrados en las circunscripciones de estos 12 legisladores de la MUD generó una crisis institucional que llevó al TSJ a declara en "desacato" a la nueva Asamblea Nacional.

   La oposición ha zanjado la polémica pidiendo a estos tres diputados --a los que el TSJ ordenó suspender cautelarmente-- que abandonen su escaño hasta que concluyan las investigaciones sobre los comicios parlamentarios.

   La pérdida de estos tres diputados deja a la MUD por debajo del umbral de los 110 escaños, lo que convierte su mayoría reforzada de dos tercios en una mayoría absoluta que limita los poderes legislativos de la coalición opositora.

El Gobierno declara el "estado de

emergencia económica" en Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro ha declarado este viernes el "estado de emergencia económica" en Venezuela para enfrentar la "guerra económica" que supuestamente sufre el país caribeño orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional.

   La Gaceta Oficial ha publicado el decreto 2.184 por el cual el Palacio de Miraflores declara el "estado de emergencia económica" en todo el territorio venezolano durante 60 días para contrarrestar "una verdadera guerra económica".

   El vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, ha dado una rueda de prensa en la que ha explicado que gracias a este decreto el Gobierno podrá disponer discrecionalmente del presupuesto general para paliar la crisis económica.

   Salas ha destacado que el Ejecutivo podrá dictar medidas especiales para diseñar políticas estratégicas que permitan reformular la estructura productiva y financiera de Venezuela, de acuerdo con la cadena panamericana TeleSur.

   A corto plazo, Salas ha indicado que Miraflores adoptará medidas de urgencia para luchar contra el desabastecimiento de productos básicos, como, por ejemplo, acelerar el transporte de mercancías en puertos y aeropuertos.

   Maduro ha denunciado desde su llegada al poder, en 2013, la existencia de un plan internacional para asfixiar económicamente a Venezuela y provocar así la caída de su Gobierno.

   Venezuela sufre desde hace años una crisis económica, agravada por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, que ha vaciado de bienes de primera necesidad los supermercados y ha disparado la inflación.

EXAMEN PARLAMENTARIO

   El estado de "emergencia económica" se ampara en el artículo 338 de la Constitución venezolana, según el cual "podrá decretarse cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente a la vida económica de la nación".

   Como todos los estados de excepción, durante su vigencia "podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás Derechos Humanos intangibles".

   La declaratoria estará vigente 60 días --contados a partir de este viernes--, prorrogables por otros tantos. La Asamblea Nacional tendrá que dar su visto bueno en los próximos ocho días y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrá que "pronunciarse sobre su constitucionalidad".

   Este trámite podría dar lugar a una nueva crisis institucional si el Parlamento, ahora controlado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), se niega a aprobar el decreto. La Asamblea Nacional ya ha mantenido un enfrentamiento con el TSJ por la elección de tres diputados opositores.