La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes imponer una multa de 1.000 euros al magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Santiago Torres por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de determinadas diligencias del caso Guateque, cometida cuando era el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.   

 El pasado mes de julio, el instructor del expediente disciplinario abierto a este magistrado propuso que se le impusiera sanción por dos faltas graves, si bien finalmente el órgano de gobierno de los jueces ha optado por sancionarle por una sola de ellas aunque con una cantidad más alta que la contenida en la propuesta, que era de 600 euros en total.  

  La investigación a Torres se inició el pasado mes de abril a instancia del sindicato de funcionarios Manos Limpias.  

  Según el informe del instructor del expediente contra Torres, la actividad en la instrucción del caso Guateque durante el 2010 fue prácticamente nula, "acumulándose en un sólo día la resolución de todos los escritos que estuvieron pendientes a la fecha que se indicaba en las resoluciones que se adoptaron".

 IMPULSO A LA INSTRUCCIÓN   

En la queja remitida al Poder Judicial, Manos Limpias solicitaba que se "promuevan las actuaciones necesarias para dar el impulso necesario al procedimiento concretando las posibles imputaciones, así como que se depuren las responsabilidades en las que haya podido incurrir el instructor del procedimiento".

   En la exposición de los hechos, el documento explicaba que el pasado mes de marzo se cumplieron cinco años del inicio de las actuaciones, sin que "en los dos últimos años se haya venido desarrollando actividad de instrucción o investigación de ninguna clase, no existiendo ni tan siquiera un funcionario a cargo del sumario en el Juzgado".  

  "Desde hace muchos meses el Magistrado no provee, ni contesta a los recursos, lo que supone una grave dejación de sus funciones2, señala el escrito, que recalca acto seguido que "esta situación está ocasionando una extrema indefensión para los imputados".   

 Además, reseñaba que "a pesar de que el año pasado fue creado un Juzgado Bis de apoyo, para disminuir la carga de trabajo de Juzgado de Instrucción n 32, el procedimiento de diligencias previas referido no ha sufrido el más mínimo impulso".   

 "Existen más de 100 personas inculpadas con imputaciones de tipo general, no estando la mayor parte de los hechos comprobados, y parte de la instrucción no se ha completado De seguir así este procedimiento, los imputados culpables podrán alegar dilaciones indebidas, e incluso prescripción de algunos", agrega.

   Recientemente, el juez dictó diversos autos en los que concretaba algunas de las imputaciones. Por ejemplo, levantó la imputación que pesaba sobre el viceconsejero de Presidencia e Interior y exviceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.   

 En cambio, desestimó en otro auto la petición de sobreseimiento de Joaquín Fernández de Castro, ya que los indicios de delito que le implican en la causa "no han quedado desvirtuados y siguen subsistiendo".