El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado el traslado forzoso de Fernando Presencia del juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, del que hasta ahora era titular por una falta muy grave de realizar actividades incompatibles con su función. Este magistrados organizaba cursos sobre derecho concursal sin solicitar permiso para ello y llegó a nombrar como administradores concursales en asuntos pendientes de su juzgado a algunos de sus alumnos.  

  La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que ha informado de esta sanción al término del Pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves con el fin de aprobar el documento de trabajo que se remitirá a los tribunales superiores de justicia con la reorganización del nuevo mapa judicial.    Previsiblemente, el próximo martes, la comisión permanente del CGPJ decidirá a que órgano judicial queda ahora adscrito el magistrado, cuyo nuevo destino deberá distar al menos 100 kilómetros de Valencia. Cumplida la sanción, podrá volver a concursar.  

  Según los servicios de inspección del CGPJ, presencia acudió durante varias sesiones a unas jornadas en Xàtiva (Valencia) durante su horario de permanencia en el juzgado, sin pedir ni obtener licencia para ello.    En concreto, Presencia acudió al Encuentro Nacional de Profesionales del Derecho Concursal, que se celebró en Xàtiva los días 10 y 11 de noviembre, donde unos 25 magistrados de todos los rincones del país abordaron el tema del sobreendeudamiento familiar y sobre los pasos que debe dar el próximo Gobierno en este sentido.

 RETRASOS REITERADOS   

 Por otro lado, el Pleno del CGPJ ha acordado suspender de empleo y sueldo durante 7 meses al juez central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, Manuel Arce, por retrasos reiterados en el dictado de sentencias.  

  El pasado mes de abril el Tribunal Supremo anuló una de las sanciones que se le impusieron a este magistrado medio millar de resoluciones pendientes de dictar. En este caso se trataba de una suspensión por tres meses acordada en febrero de 2009 que se anula por "caducidad", al superarse los seis meses que fija la ley para su tramitación.  

  Arce ya había sido investigado por una falta muy grave prevista en el artículo 41.7.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que penaliza la el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales. Esta misma falta es la que ha concluido con una nueva suspensión de 7 meses conocida este jueves.  

  Se da la circunstancia de que en diciembre de 2008 el Tribunal Supremo había anulado, igualmente por caducidad del expediente incoado por el CGPJ, otra sanción consistente en una multa de 10.000 euros que le fue impuesta a Arce por trato desconsiderado hacia los funcionarios a su cargo y por sus continuos retrasos en su hora de llegada a las dependencias judiciales, que nunca era anterior a las dos de la tarde.