La declaración se produce en respuesta a una entrevista televisiva a Pablo Iglesias en la que afirmó que resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo cual supone una "humillación para el Estado".

"La Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial", dice el texto.

VOCALES DESIGNADOS POR PSOE Y PP

La declaración, que repasa la actuación judicial en el 'procés', ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, algunos designados a propuesta del PSOE y otros por el PP.

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", subraya el comunicado.

Según el órgano de gobierno de los jueces, "esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos".

En referencia a las palabras de Iglesias sobre los pronunciamientos de tribunales europeos sobre el 'procés', la declaración institucional del CGPJ recuerda que "sólo existen" dos resoluciones al respecto. Por un lado, la sentencia del TJUE del pasado 19 de diciembre de 2019 sobre la inmunidad del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y la del TEDH que avaló la suspensión de un Pleno del Parlament en octubre de 2017 en el que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum ilegal del 1-O.

En cuanto a la primera sentencia, el CGPJ recuerda que una vez se conoció, el Tribunal Supremo "acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina y acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras, decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad" de Carles Puigdemont y Toni Comín.

TRIBUNALES SOBRE LOS QUE NO EXISTE SUBORDINACIÓN

En lo que respecta a la actuación de otros tribunales, no de instancias europeas sino de países miembros, es decir, sobre los que "no existe subordinación alguna de la Justicia española", el CGPJ remarca que "ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo" sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Puigdemont y Comín -,que se encuentran suspendidas,- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí --que sigue tramitándose--.

"Sólo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein --apunta la declaración-- rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos".

OTROS PRONUNCIAMIENTOS DEL CGPJ

No es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces pide "prudencia" y "mesura" a políticos, y más concretamente a miembros del Gobierno. La ocasión más reciente fue en abril de 2018, después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijera en una entrevista que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo Martínez, tenía algún "problema singular" y "todos lo saben".

Anteriormente, en marzo de 2010, el CGPJ hizo pública otra declaración institucional en defensa de la independencia judicial, después de que personalidades políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco y Francisco Caamaño, o el expresidente del Congreso José Bono salieran en defensa del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien finalmente fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.