El Banco de España reconoció en 1993 que había empresas filatélicas que operaban como entidades financieras, sin control oficial, y que podían ser una estafa, en una carta enviada a un particular que denunció de forma reiterada las irregularidades de Fórum Filatélico, según la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press.   

 Para entonces, la filatélica creada en 1979 contaba con cerca de 60.000 clientes y cuando fue intervenida trece años después, sumaba 269.000 clientes que habían depositado 3.287 millones de euros, de los que sólo han recuperado un 10%. El lunes se cumplen cinco años del cierre de las empresas por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal, entre otros.  

  Un grupo de afectados ha remitido esta documentación a la Audiencia Nacional porque considera que rebate los argumentos de la sentencia que eximió al Estado de responsabilidad por no controlar las empresas. El Tribunal Supremo confirmó esta sentencia en diciembre de 2012 y la hizo extensiva a todos los afectados.  

  La carta de fecha 20 de enero de 1993, escrita por el entonces jefe de los servicios jurídicos del supervisor, Joaquín Fanjul de Alcocer, constataba que el Banco de España había detectado "desde hacía ya bastantes años", que "proliferaban una serie de negocios que, bajo la apariencia de filatélicas, se esconden verdaderas entidades financieras que quedan absolutamente sin control oficial y que, en la mayoría de los casos, terminan en claras estafas".  

    Según figura en la misiva, Fanjul actuó "por encargo" del entonces gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo. Sin embargo, en un informe de fecha 29 de junio de 2007, el supervisor aseguró que por "la información generalmente conocida", "no podía llegar a concluir que la actividad de compra-venta de sellos simulaba una actividad de captación de fondos reembolsables del público que exigiera su intervención".   

 El denunciante, un pequeño comerciante de filatelia, advirtió al Banco de España de que Fórum estaba vendiendo unos sellos a un precio de 3,6 millones de pesetas, cuando en los catálogos oficiales le otorgaban un valor de 346.500 pesetas, lo que podía suponer una estafa y la "quiebra por falta de nuevos inversores".

LA FISCALÍA ARCHIVÓ LA INVESTIGACIÓN.  

  El Banco de España concluyó que carecía de competencia y envió la denuncia al entonces Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y exministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien archivó la investigación por "no ser los hechos constitutivos de infracción penal", según el decreto firmado el 27 de julio de 1994 y enviado al Banco de España.    Los afectados consideran que esta documentación demuestra la negligencia de los sucesivos gobiernos por no actuar frente a una estafa que se desarrollaba bajo su conocimiento. Además, afirman que es "una opinión jurídica errónea", que por vender sellos y calificar la actividad de mercantil, los supervisores financieros "no tuvieran capacidad legal para cerrar estas empresas por captar fondos".   

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo concluyeron que al ser mercantiles, las filatélicas estaban sometidas a la disposición Adicional IV de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobada en 2003, y que las dejó bajo la competencia del Ministerio de Consumo y de las comunidades autónomas.   

Los afectados defienden que Fórum y Afinsa carecían de regulación hasta 1998, cuando se aprobó el artículo 26 bis de la LMV que establecía que cualquier captación de ahorro debía estar regulada por la CNMV, o por la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España. Este artículo se derogó en 2005.   

 La intervención judicial de Fórum y Afinsa tuvo lugar el 9 de mayo de 2006 a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción y se saldó con un agujero patrimonial de cerca de más de 4.500 millones de euros y cerca de 460.000 afectados.